Las Embajaditas

Una columna de Alfonso Ussía, en La Razón.

Si a un dirigente del separatismo corso se le ocurre viajar a Nueva York para abrir una «Embajada de Córcega», a su vuelta sería detenido en el Aeropuerto. No por orden del Presidente de la República francesa, no por indicación del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno francés, y menos aún por una diligencia imperativa del ministro del Interior. Sería detenido por el jefe de la Gendarmería del Aeropuerto, y puesto a disposición judicial acusado de traición a la nación francesa. Así de sencillo. En Francia no se admiten nuestras bromas territoriales, y el único que representa al Presidente de la República, a los ciudadanos y a todos los departamentos, es el Embajador de Francia. Entre el «Lehendakari» vasco, el Tripartito catalán -presidido por un socialista de Córdoba-, y el Gobierno de la «Xunta» de Galicia, están inaugurando y abriendo decenas de embajaditas dispersas por el mundo con pretensión de alto rango. Están convirtiendo en legaciones admitidas por el Gobierno de España lo que antaño eran las Casas Regionales. Las embajadas y consulados de España pierden su significado en beneficio de embajaditas y consuladetes que no tienen otro objetivo que desmenuzar el concepto de España fuera de nuestras fronteras. Y los promotores de estas gamberradas no son detenidos por traidores, porque ningún policía nacional o guardia civil se atrevería a detener a los principales causantes del desquiciamiento, que no son otros que el Presidente del Gobierno de España y su ministro de Asuntos Exteriores. Centenares de millones de euros, tan necesarios para combatir la pavorosa crisis económica que padece España, están siendo invertidos por los nacionalistas y socialistas vascos, catalanes y gallegos, en nuevas casas regionales con aspiraciones de embajaditas. Por supuesto, en ninguna de esas sedes folclóricas ondea ni está presente la Bandera de España, mensaje que no pasa desapercibido en las ciudades donde se ubican esos locales. El siguiente paso será el de exigir competencias consulares, y el último y definitivo, el de alcanzar, mediante la autorización del Gobierno de España, el reconocimiento del rango de embajadas para esos chiringuitos. España no es una nación invertebrada, como decía Ortega. España está vertebradísima desde mucho antes de que se vertebraran la mayor parte de las naciones de Europa. Los invertebrados y descerebrados somos los españoles, que hemos llegado a aceptar como hechos normales, situaciones inconcebibles. Esos chiringos autonómicos, embajaditas de pega y consuladetes de chiste, tienen que ser clausurados por contundentes motivos. Los vascos, los catalanes y los gallegos son españoles, y por ello, si a algún lugar tiene que acudir fuera de España para solucionar sus problemas es a la Embajada o al Consulado. El Embajador de España es el representante del Rey o Jefe de Estado ante la nación que acreditan sus cartas credenciales. Nadie puede usurpar su representatividad. Las relaciones internacionales de las autonomías no pueden ir por un lado y las de España por otro. El gasto de apertura y mantenimiento de esos locales alcanza límites fronterizos con el delito. Y no sirven para nada, excepto para humillar la imagen de España en el exterior. Cerrado el «Joy Eslava», hay que seguir con las embajaditas. Que ése, más o menos, es el rango comparativo.

Malgastando en Nueva York

Un artículo de Francesc de Carreras en La Vanguardia.


Según La Vanguardia de ayer, "el mismo día y a la misma hora en la que se celebraba en Washington la investidura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, dictó una conferencia en la Universidad de Nueva York". A eso se le llama oportunidad: de nuevo un incidente ridículo del Gobierno tripartito. La noticia no da cuenta del número de asistentes a tan apasionante conferencia.

El año tiene 365 días. El 20 de enero, según es tradición, juran solemnemente el cargo todos los nuevos presidentes. Además, este año, por razones obvias, era de prever que el acto tendría una especial resonancia. Pues bien, este fue precisamente el día escogido por Carod para pronunciar su conferencia. Al día siguiente, ayer, se inauguró la nueva delegación del Govern de la Generalitat, más conocida por embajada de Catalunya, según la jerga habitual. Dejando al margen la oportunidad del día elegido -en definitiva, una anécdota más-, la ocasión puede servir para reflexionar un poco sobre la eficacia, el coste y la rentabilidad de estas delegaciones.

Es indudable que la Generalitat, como los gobiernos de las demás comunidades autónomas, tiene competencias que alcanzan más allá de nuestras fronteras. Es el caso de las competencias relacionadas con la ayuda a las empresas industriales, comerciales o turísticas. Es natural que en estas materias -quizás también en alguna otra, como cultura- la Generalitat promueva alguna oficina en el exterior que pueda ayudar al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Se dice que agencias de la Generalitat como el Cidem y el Copca, con representación en el exterior, han dado muestras de eficacia.

Ahora bien, a estas delegaciones, especializadas en competencias concretas, el Govern Montilla ha añadido un tipo de delegación distinto, con un carácter político, difícilmente justificable, tanto porque la Generalitat carece de competencias en la materia, como porque constituyen un gasto público inútil. Este es el caso de la nueva delegación de Nueva York, antes lo han sido las delegaciones de París, Berlín o Londres, y próximamente se anuncian las de México y Buenos Aires, todas ellas dependientes del Departament de la Vicepresidència. Las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado -como es habitual en todos los estados federales- y no se sabe muy bien cuáles pueden ser las tareas que desempeñen estas oficinas exteriores, a pesar de que oficialmente se les asigne una larga lista de funciones, tan extensa como inconcreta.

No obstante, algunos síntomas empiezan a indicar que estas delegaciones están pensadas en clave política, para ejercer unas relaciones internacionales en que la Generalitat no es competente, más que para ejercer las funciones que le son propias. Un primer síntoma fue la penosa reacción de Carod en el asunto The Economist, diciendo que con una delegación propia, eso -el ejercicio del derecho a la información- no hubiera ocurrido. Un segundo síntoma es la personalidad de los delegados: el hermano de Carod-Rovira en París; el delegado en Londres estuvo trabajando en el partido independentista escocés y es el autor de una tesis doctoral sobre la materia; el de Nueva York, Andrew Davis, ha sido hasta hace muy poco un becario de la Generalitat para estudiar el nacionalismo en Escocia y Catalunya. En definitiva, se trata de personajes atípicos en una Administración, con un perfil más cercano al intelectual político que a un funcionario.

El síntoma definitivo ha sido la conferencia de Carod en Nueva York, más propia de un megalómano que de un gobernante serio. Tras decir que Catalunya ha sido "la puerta de entrada casi exclusiva de la modernidad científica, cultural, política y socioeconómica a la península Ibérica, en la que también están España y Portugal", idealizó al Principado catalán medieval diciendo que "tuvo su Parlamento mucho antes que Inglaterra y fue uno de los primeros pueblos en someter el poder absoluto de los monarcas a las reglas de las constituciones (...) e inventó también el embrión de las modernas embajadas con su Consolat de Mar, una mezcla de embajada y delegación comercial que extendió por todo el Mediterráneo". ¡En qué estaría pensando! Y concluyó: "El pueblo de Catalunya quiere que su gobierno tenga política internacional y que aborde con criterio propio los grandes debates del mundo del siglo XXI". Estupefacto, diría yo, está la mayoría del pueblo de Catalunya ante tamañas sandeces que, a pesar de ser ya habituales, no dejan de avergonzarnos.

Vamos a ver. Una comunidad autónoma es -como cualquier otro poder público- una organización sufragada con impuestos de los ciudadanos para conseguir unos fines establecidos en las leyes. El gobierno de una comunidad no puede desviarse de estos fines, no puede utilizar su cargo para proyectar su ideología. El señor Carod quiere que Catalunya sea un Estado independiente y está en su derecho de pensarlo y decirlo. Pero como gobernante no puede utilizar los recursos públicos para actuar como si Catalunya, una comunidad autónoma, fuera ya un Estado.

Esta nostalgia de un Estado propio es lo que determina estas injustificables políticas, aún menos legítimas cuando, en tiempos de crisis, se pide una mejora de la financiación. En tiempos de crisis, la financiación se mejora ahorrando en lo superfluo y, en todo caso, se empeora derrochando.

El impuesto lingüístico que vamos a pagar entre todos.

Luis Míguez Macho, en El Semanal Digital:

Una de las aportaciones más sugerentes realizadas en el debate sobre financiación autonómica abierto en estos momentos es la que puso sobre la mesa hace unas semanas el presidente del Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño. Hasta ahora, cuando los representantes gallegos hablaban sobre financiación, pedían que, entre los criterios de asignación de los dineros del Estado a las Comunidades autónomas, se tuviesen en cuenta factores que afectan especialmente a Galicia, como la dispersión o el envejecimiento de la población, o incluso la carga que suponen las ayudas a nuestros emigrantes en el exterior.

Esto parece justo y razonable, pero ha quedado superado sobradamente por el hallazgo del actual presidente de la Xunta: otro factor que se debería tomar en consideración es el lingüístico. Sí, las Comunidades autónomas con otra lengua cooficial además del castellano necesitan más financiación que las que se conforman con este último.

En plena precampaña de las elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a aplaudir públicamente la genial ocurrencia. De esta manera, el tener lengua "propia" ya no sólo será el último reducto que diferencia a las Comunidades autónomas "históricas" de las demás (que deben de ser ahistóricas, ucrónicas o quizá intemporales), sino que, además, se convertirá en la base de un privilegio económico que los españoles pagaremos entre todos, tengamos lengua propia, impropia o mixta.

Pero seamos ecuánimes. Es cierto que contar con un régimen de cooficialidad lingüística es más caro que no tenerlo. Baste pensar en lo que cuesta la doble rotulación en las dos lenguas cooficiales, disponer en las oficinas públicas de todos los documentos en versión bilingüe o las traducciones de una a otra lengua para atender al ciudadano en la que libremente elija.

Ah, pero en nuestro peculiar sistema autonómico, justamente son el Estado y sus diversos organismos e instituciones los únicos que cumplen esas reglas elementales de todo régimen de cooficialidad lingüística. En la Galicia de Emilio Pérez Touriño (como antes en la de Manuel Fraga) ni la Administración autonómica ni las Administraciones locales ni otros entes públicos como las Universidades respetan la cooficialidad: los carteles y demás indicaciones están exclusivamente en gallego, los impresos se ofrecen sólo en gallego, los procedimientos se tramitan en gallego con independencia de la lengua utilizada por el administrado y, en definitiva, la única forma de conseguir un papel oficial en castellano es alegar que se va a utilizar fuera de Galicia.

Entonces, ¿dónde está el mayor coste económico que supone esta cooficialidad adulterada? Se lo voy a decir yo: en el sostenimiento del aparato burocrático de la "normalización" lingüística y de toda la red clientelar nacida y financiada en torno a la misma. Pero esto, desde luego, no lo deben pagar todos los españoles; lo debemos pagar con nuestros impuestos únicamente los habitantes de las Comunidades autónomas que disfrutan de lengua "propia", y que seguimos votando a políticos que hacen de la "normalización" lingüística uno de los fundamentos de la construcción de sociedades cerradas sumisas a su poder clientelar.

El (verdadero) hecho diferencial.

Una columna del periodista y escritor, Manuel Trallero.

Estoy leyendo un libro absolutamente sensacional. Es la correspondencia entre Mercè Rodoreda, la autora de la Plaça del Diamant y su editor, Joan Sales. Éste repite varias veces que los catalanes nos hemos pasado quinientos años haciendo el imbécil. Él no pretende que los catalanes dejen de ser catalanes, sino que dejen de hacer el imbécil.
Me ha venido esta frase a la memoria al leer una información del Avui, que prácticamente, como suelen pasar desapercibidas en Catalunya cuando no son de autocomplacencia, según la cual “Catalunya se situa a la cua del creixement económic a l´Estat” Efectivamente, Catalunya con un crecimiento del 3.5 % del PIB, igual que Asturias y una décima por encima de la Comunidad Valenciana se sitúa en antepenúltima posición. Pero sucede además que esta dos décimas por debajo de la media del estado y que mientras el PIB acumulada entre el año 2000 al 2007 la mantenía en la posición número 12 ahora ha descendido a la posición número 17. Es decir ha perdido cinco lugares en el ranking, que por cierto encabeza Aragón mientras que Madrid va en octavo lugar.
Es decir, que mientras los catalanes nos preocupamos a machacamartillo por el tremendo problema de las selecciones deportivas nacionales, o si Air Berlin utiliza no utiliza el catalán, o si las cuatro columnas de la Exposición han de volver a colocarse así o asá, o si los tapices con las cuatro barras han vuelto ya al Ayuntamiento de Barcelona, mientras todos estos problemas nos quitan el sueño a la inmensa mayoría de los catalanes resulta que cada vez somos un poco más pobres. Pero esto no parece molestarnos en absoluto.

El Tribunal

Empieza otro año y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña sigue sin publicarse. Se trata de un escándalo considerable. Hace ya dos años y medio que el texto fue votado. Pero, al parecer, aún no es tiempo suficiente. Se comprendería el retraso si los magistrados hubieran de reparar la sintaxis; pero su objetivo es sentenciar si el Estatuto se ajusta o no a la Constitución. El tiempo es decisivo en toda empresa humana. Se dice que cualquier periodista es un genio con cinco minutos de más; pero nunca los tiene. Tampoco los magistrados disponen de un siglo de más para que el tiempo y la costumbre resuelvan lo que ellos parecen incapaces de resolver. La barra libre temporal de los privilegiados magistrados constitucionales es auténticamente sonrojante, y una alegoría de precisión considerable sobre el estatuto de la Justicia en España. Cíclica e implacablemente se arremete contra los jueces de pequeñas y remotas instancias porque el trabajo se les acumula y sólo un titán informático (o un aguerrida limpiadora) parece capaz de encarar con garantías la situación. Pero, en cambio, nadie pide cuentas a esa élite perfectamente pagada, que disfruta de considerables privilegios y que cuenta con los mejores medios técnicos y humanos. Por supuesto, yo soy un gran defensor del privilegio. Hasta el punto de que me parece que alguien debería descolgarle siempre el teléfono a la presidenta, y evitarle malentendidos y molestias. Pero los privilegios son siempre la expresión del trabajo y del compromiso. No es el caso.

Es razonable pensar que la delgadez intelectual y jurídica del Estatuto, la veteranía técnica de sus señorías y los atajos de la informática podrían haber resuelto el asunto en unas pocas semanas. Y que si no ha sido así es porque la búsqueda del consenso político (externo e interno) está produciendo una dilatación formidable, ya muy embarazosa. El consenso político se centra, según parece, en la necesidad de producir, o mejor de segregar, una sentencia que evite la posibilidad de que el Tribunal aparezca a los ojos del pueblo como una instancia correctora del Pueblo, lo que sería suprema deslealtad, al decir de algunos leales. Pero ni siquiera en ese punto cardinal las angustias del Tribunal parecen justificadas. Esa presunta discrepancia entre Pueblo y Tribunal está viciada por un malentendido de base: y es que el Pueblo de referencia del Tribunal no es el pueblo catalán, sino el pueblo español, el único con el que el Tribunal no puede discrepar. Lo que dilucida el Tribunal es si un acuerdo tomado por una parte del Demos invalida normas que el conjunto del Demos se dio a sí mismo. La presunta discrepancia no es nada más que una forma, y escasamente sutil, de autodeterminación retórica. Sería interesante que los magistrados no se taparan sus vergüenzas con el pueblo. Es decir, que no hicieran política.

(Coda: «Aquellos que tienen juicio lo ejercen juzgando piedras tanto como juzgando hombres». Joubert.)

Ilustrados

Sabino Méndez en La Razón.

¿Cómo puede ser que, a medida que me hago mayor, sienta cada vez más simpatía por los ilustrados? Se supone que yo, al ser rockero, debería admirar las fuerzas de la pasión irracional, pensar que en ellas se haya la verdad y lo mejor y más auténtico del ser humano. Y mucho de cierto hay en ello. Porque, si bien la razón es casi siempre lo que le evita al ser humano que muera, son las pasiones indudablemente las que lo hacen vivir. Ahora bien, una vez aparecidas, reconocidas y centradas las pasiones particulares y singulares de cada caso, no está nada mal usar la razón para colocarlas en su marco adecuado, tanto individual como socialmente. Puestas así, las cosas discurren de una manera mucho más agradable y menos eléctrica en lo que a relaciones humanas, controversias y pactos se refiere. El romanticismo, con franqueza, me parece cada día más que sólo queda bien en las novelas. En la realidad, los hechos nunca hacen nada por dejar al romanticismo en buen lugar. Las catástrofes naturales, los cataclismos se comportan con una monotonía indiferente, con una sosería notable, nada romántica. Que una cosa sólo tenga cuerpo de una manera completa en la novelería es algo que hace pensar.


No soporto particularmente el romanticismo en política. El romanticismo en política sólo se lo pueden permitir los niños bien. La política es el arte de decir esto: hay muchas cosas que hacer y no hay dinero para todo, vamos a ver en qué lo gastamos primero para que todo vaya lo mejor posible. En esa labor tan prosaica el romanticismo es letal. Cuando lo presencio, mis sentimientos al respecto hacen una curva ascendente hacia la furia, la ferocidad, el pánico, hasta llegar al clímax y bajar luego, como en el caso de todos los ciudadanos que se vieron gobernados alguna vez por Maragall, hasta la inconsciencia indolora.

Permitidme tutearos, imbéciles.

Un texto Arturo Pérez-reverte. Se le entiende la mar de bien.

Cuadrilla de golfos apandadores, unos y otros. Refraneros casticistas analfabetos de la derecha. Demagogos iletrados de la izquierda. Presidente de este Gobierno. Ex presidente del otro. Jefe de la patética oposición. Secretarios generales de partidos nacionales o de partidos autonómicos. Ministros y ex ministros -aquí matizaré ministros y ministras- de Educación y Cultura. Consejeros varios. Etcétera. No quiero que acabe el mes sin mentaros a la madre de todos cuantos habeis tenido en vuestras manos infames la enseñanza pública en los últimos veinte o treinta años. De cuantos hacéis posible que este autocompalciente país de mierda sea un país de más mierda todavía. de vosotros, torpes irresponsables que extirpasteis de las aulas el latín, el griego, la Historia, la Literatura, la Geografía, el análisis inteligente, la capacidad de leer y por tanto de comprender el mundo, ciencias incluidas. de quienes por incompetencia y desvergüenza, sois culpables de que España figure entre los paises más incultos de Europa, nuestros jóvenes carezcan de comprensión lectora, los colegios privados se distancien cada vez más de los públicos en calidad de enseñanza, y los alumnos estén por debajo de la media en todas las materias evaluadas.
Pero lo peor no es eso. Lo que me hace hervir la sangre es vuestra arrogante impunidad, vuestra ausencia de autocrítica y vuestra cateta contumacia. Aquí, como de costumbre, nadie asume la culpa de nada. Hace menos de un mes, al publicarse los desoladores datos del informe Pisa 2006, a los meapilas del Pepé les faltó el tiempo para echar la culpa de todo a la Logse de Maravall y Solana -que, es cierto, deberían ser ahorcados tras un juicio de Nuremberg cultural-, pasando por alto que durante dos legislaturas, o sea ocho años de posterior gobierno, el amigo Ansar y sus secuaces se estuvieron tocando literalmente la flor en materia de educación, destrozando la enseñanza pública en beneficio de la privada y permitiendo, a cambio de pasteleo electoral, que cada cacique de pueblo hiciera su negocio en diecisiete sistemas educativos distintos, ajenos unos a otros, con efectos devastadores en el País Vasco y Cataluña. Y en cuanto al Pesoe que ahora nos conduce a la Arcadia feliz, ahí están las reacciones oficiales, con una consejera de Educación de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que tras veinte años de gobierno ininterrumpido en su feudo, donde la cultura roza el subdesarrollo, tiene la desfachatez de cargarle el muerto al "retraso histórico". O una ministra de Educación, la señora Cabrera, capaz de afirmar impávida que los datos están fuera de contexto, que los alumnos españoles funcionan de maravilla, que el "sistema educativo español no sólo lo hace bien, sino que lo hace muy bien" y que éste no ha fracasado porque "es capaz de responder a los retos que tiene la sociedad", entre ellos el de que "los jóvenes tienen su propio lenguaje. el chat y el sms". Con dos cojones.
Pero lo mejor ha sido lo tuyo, presidente -recuérdame que te lo comente la próxima vez que vayas a hacerte una foto a la Real Academia Española-. deslumbrante, lo juro, eso de que "lo que más determina la educación de cada generación es la educación de sus padres", aunque tampoco estuvo mal lo de "hemos tenido muchas generaciones en España con un bajo rendimiento educativo, fruto del país que tenemos". Dicho de otro modo, lumbrera. que después de dos mil años de Hispania grecorromana, de Quintiliano a Miguel Delibes pasando por Cervantes, Quevedo, Galdós, Clarín o Machado, la gente buena, la culta, la preparada, la que por fin va a sacar a España del hoyo, vendrá en los próximos años, al fin, gracias a futuros padres felizmente formados por tus minisros y ministras, tus Loes, tus educaciones para la ciudadanía, tu género y génera, tus pedagogos cantamañanas, tu falta de autoridad en las aulas, tu igualitarismo escolar en la mediocridad y falta de incentivo al esfuerzo, tus universitarios apátcios y tus alumnos de cuatro suspensos y tira p´alante. Pues la culpa de que ahora la cosa ande chunga, la causa de tanto disparate, descoordinanción, confusión y agrafía, no la tenéis los poíticos culturalmenete planos. Niet. La tiene el bajo rendimiento educativo de Ortega y Gasset, Unamuno, Cajal, Menéndez Pidal, Manuel Seco, Julián Marías o Gregorio Salvador, o el de la gente que estudió bajo el franquismo: Juan Marsé, Muñoz Molina, Carmen Iglesias, Jose Manuel Sánchez Ron, Ignacio Bosque, Margarita Salas, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Francisco Rico y algunos otros analfabetos, padres o no, entre los que generacionalemnte me incluyo.
Qué miedo me dais algunos, rediós. En serio. Cuanto más peligro tiene un imbécil que un malvado.