El impuesto lingüístico que vamos a pagar entre todos.

Luis Míguez Macho, en El Semanal Digital:

Una de las aportaciones más sugerentes realizadas en el debate sobre financiación autonómica abierto en estos momentos es la que puso sobre la mesa hace unas semanas el presidente del Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño. Hasta ahora, cuando los representantes gallegos hablaban sobre financiación, pedían que, entre los criterios de asignación de los dineros del Estado a las Comunidades autónomas, se tuviesen en cuenta factores que afectan especialmente a Galicia, como la dispersión o el envejecimiento de la población, o incluso la carga que suponen las ayudas a nuestros emigrantes en el exterior.

Esto parece justo y razonable, pero ha quedado superado sobradamente por el hallazgo del actual presidente de la Xunta: otro factor que se debería tomar en consideración es el lingüístico. Sí, las Comunidades autónomas con otra lengua cooficial además del castellano necesitan más financiación que las que se conforman con este último.

En plena precampaña de las elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a aplaudir públicamente la genial ocurrencia. De esta manera, el tener lengua "propia" ya no sólo será el último reducto que diferencia a las Comunidades autónomas "históricas" de las demás (que deben de ser ahistóricas, ucrónicas o quizá intemporales), sino que, además, se convertirá en la base de un privilegio económico que los españoles pagaremos entre todos, tengamos lengua propia, impropia o mixta.

Pero seamos ecuánimes. Es cierto que contar con un régimen de cooficialidad lingüística es más caro que no tenerlo. Baste pensar en lo que cuesta la doble rotulación en las dos lenguas cooficiales, disponer en las oficinas públicas de todos los documentos en versión bilingüe o las traducciones de una a otra lengua para atender al ciudadano en la que libremente elija.

Ah, pero en nuestro peculiar sistema autonómico, justamente son el Estado y sus diversos organismos e instituciones los únicos que cumplen esas reglas elementales de todo régimen de cooficialidad lingüística. En la Galicia de Emilio Pérez Touriño (como antes en la de Manuel Fraga) ni la Administración autonómica ni las Administraciones locales ni otros entes públicos como las Universidades respetan la cooficialidad: los carteles y demás indicaciones están exclusivamente en gallego, los impresos se ofrecen sólo en gallego, los procedimientos se tramitan en gallego con independencia de la lengua utilizada por el administrado y, en definitiva, la única forma de conseguir un papel oficial en castellano es alegar que se va a utilizar fuera de Galicia.

Entonces, ¿dónde está el mayor coste económico que supone esta cooficialidad adulterada? Se lo voy a decir yo: en el sostenimiento del aparato burocrático de la "normalización" lingüística y de toda la red clientelar nacida y financiada en torno a la misma. Pero esto, desde luego, no lo deben pagar todos los españoles; lo debemos pagar con nuestros impuestos únicamente los habitantes de las Comunidades autónomas que disfrutan de lengua "propia", y que seguimos votando a políticos que hacen de la "normalización" lingüística uno de los fundamentos de la construcción de sociedades cerradas sumisas a su poder clientelar.