Inquietante palabrería

HERMANN TERTSCH en ABC

DESDE ayer sabemos que Hugo Chávez, caudillo de Venezuela, pretendida y poco pulida reencarnación de Simón Bolívar, le ha declarado una especie de guerra a Colombia. Y ha roto, como supuesto paso previo, todas las relaciones con el país vecino. En realidad, Chávez y algunos de sus amigos bien pagados llevan años en guerra con la democracia colombiana. De forma delegada, por medio de su constante y masivo apoyo y suministro a la organización terrorista de las FARC. Pero ahora don Hugo se ha enfadado mucho porque el presidente Uribe ha tenido la valentía -cualidad que nunca le ha faltado- para firmar un acuerdo de cooperación militar con EE.UU. para combatir mejor a la guerrilla y al narcotráfico, es decir, a los socios del caudillo bolivariano. La presencia norteamericana en bases colombianas y el mayor apoyo militar y tecnológico que implica el acuerdo de Uribe con el presidente Barack Obama complicará los planes expansionistas del totalitarismo autodenominado «Socialismo siglo XXI», orquestado por Caracas y La Habana. Sus éxitos en la abolición del Estado de Derecho han sido rotundos en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Acaba de sufrir su primer serio revés en Honduras. Pero don Hugo no se arredra. Los años de liquidez ilimitada gracias al precio del petróleo los ha utilizado para expandir influencia y comprar lealtades de personas e instituciones estatales extranjeras, pero también para llenar la cesta de la compra de armamento. Y está claro que ni los aviones de combate comprados a Rusia ni todas las armas ligeras y pesadas adquiridas por todo el mundo, también en España, son para reprimir a los estudiantes, asustar a la clase media aún existente ni aplastar revueltas de otrora seguidores que puedan hartarse de la miseria rampante, la corrupción y el aventurerismo. Es un amenaza directa a Colombia y a todo el que ose hacerle frente. Sin embargo, y pese a la retórica truculenta, no parece previsible que Chávez se atreva a utilizar el próximo 70 aniversario del asalto coordinado por Hitler y Stalin a Polonia para ampliar los territorios de su Reich bolivariano. Consuela, pero nos deja con una incógnita. Sabemos de qué parte estarían en esta guerra Barack Omaba y la UE. ¿Sabemos en cuál estarían Zapatero y el PSOE?
Lejos de Caracas surge otro conflicto. Tampoco llevará a la guerra. Pero revela que si en Latinoamérica resurgen los fantasmas del totalitarismo, Europa está lejos de haberse inmunizado de su trágico pasado. Eslovaquia ha prohibido la entrada en su territorio al jefe del Estado de la vecina Hungría. Ambos son miembros de la UE. Bratislava acusa al presidente húngaro de «afanes expansionistas» por querer inaugurar una estatua de San Esteban, Rey de Hungría, en Komarno, en el sur de Eslovaquia, territorio húngaro hasta 1919. Palabrería, sin duda. Pero que revela inquietantes fragilidades también en Europa, donde no son pocos los políticos que quieren utilizar el pasado, por trágico que sea, para desviar la atención de su impotencia ante los retos del presente.

50 años anclados en la violencia

Reyes Mate en El Periódico de Catalunya


ETA ha conmemorado sus 50 años de existencia asesinando. Lo sorprendente no es que mate, que es lo suyo, sino que exista. Eso es lo que llama la atención de la prensa extranjera. Esta España, bien integrada en los valores cívicos occidentales, y este País Vasco, con un nivel de autonomía política que resiste cualquier comparación, no permiten ninguna justificación ni moral ni política del terrorismo etarra . Sería comprensible la existencia de algo así como un grupo mafioso que, falto de apoyos sociales, hubiera transformado viejos ideales políticos en un modus vivendi basado en la extorsión. Pero si todavía es algo distinto a un mero grupo mafioso es porque, pese a todo, sigue contando con equívocos políticos y complicidades culturales.

Respecto de los primeros, hay que decir que la evocación de un nacionalismo irredento, fruto del mito más que del análisis histórico, hay que tomárselo con distancia. El más fervoroso nacionalista debería en algún momento mirarse en el espejo que le pone delante El Quijote. Ahí aparece el vizcaíno como la encarnación del cristiano viejo porque por sus venas no corre una gota de sangre impura, ya sea judía o morisca. Y ese cristiano viejo, que tan bien representa el vasco, es, no lo olvidemos, el prototipo del español castizo.
Cervantes, es verdad, no era historiador, pero sí un genio por la ironía con que captó las ideas y creencias de su tiempo. Esa pelea entre el vizcaíno, representante de las esencias patrias, y El Quijote, de sangre tan impura que unas veces es Quijano y otras Quesana o Quejada, destroza el mito nacionalista. Si los libros de texto han dado un vuelco a la historia presentando la «pureza racial» como sangre no contaminada por lo español, habrá que dar la razón a Victor Hugo cuando decía que «si no damos la razón a los hechos, la ignorancia nos perderá». En el capítulo, pues, de la identidad nacional, solo el conocimiento puede salvarnos.
Las complicidades culturales tienen por epicentro el prestigio de la violencia. Donde este prestigio se pone a prueba, en primer lugar, no es en las solemnes condenas de los asesinatos, faltaría más, sino en cómo valoramos sus consecuencias, por ejemplo, en las víctimas.
Durante cuatro decenios, las víctimas de la violencia etarra eran invisibles. Tenían que privatizar su dolor y renunciar a darle un significado político. No se entendía que levantaran la voz, ni siquiera en el funeral. Lo que se sobreentendía es que la historia no avanza sin producir algunos inevitables efectos colaterales. Lo que procedía en esos casos era lamentarlos, sin que a nadie se le ocurriera la peregrina idea de que el futuro tuviera que construirse sobre la memoria de esas víctimas. Gracias al empuje de la memoria, que se ha dado en todo el mundo, las víctimas de la violencia etarra han empezado a contar.
Una segunda manifestación del halo místico de la violencia es el miedo a juzgarla, de ahí la equidistancia respecto de toda forma de violencia. Maestra consumada de esta nivelación del sufrimiento ha sido la Iglesia vasca. Desde el primer momento lo tuvo claro: había que homologar el sufrimiento de las familias que tienen que visitar lejos al hijo preso, con el de la mujer o los hijos de concejal socialista o popular al que ese mismo hijo había asesinado a tiros. La querencia nacionalista de la mayoría de sus pastores les ha llevado a interpretar los hechos de la violencia (asesinatos, torturas, amenazas , etcétera) a la luz de un supuesto conflicto político previo, en lugar de profundizar, como cabría esperar, en el significado moral de esos hechos. Querían estar tan cerca de su grey –el nacionalismo vasco es impensable sin el componente religioso– que no comprendieron el colosal desafío que supone a la conciencia cristiana vivir bajo el terror. Es verdad que ha habido, sobre todo en los últimos tiempos, voces críticas, pero son tan débiles que la tarea de romper el embrujo de la violencia sigue pendiente.
Habría que señalar, finalmente, las biografías de una generación española que no ha hecho sus deberes sobre este particular. La dictadura franquista incluía entre sus objetivos prioritarios borrar del mapa los brotes nacionalistas. Eso explica el favor que encontraron entre los antifranquistas los primeros asesinatos de la banda terrorista ETA.

Con la llegada de la democracia, aquella generación cambió su valoración de la violencia. Lo que pudo haber tenido sentido en una dictadura no lo podía tener en una democracia. Y se pasó de la complacencia a la crítica. Pues bien, lo que pretendo decir es que el itinerario revela una insuficiente elaboración de la significación política de la violencia, porque si hoy estamos donde estamos es porque ETA tuvo en un momento el apoyo de muchos intelectuales, políticos y líderes sociales. Entonces se incubó el huevo de la serpiente.
Contra ese pasado, ¿qué podemos hacer? Mucho si llegamos a entender que la violencia es un producto altamente explosivo y no, como entonces creíamos, el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. La militancia por la resolución razonada de todo tipo de conflictos, los domésticos y los políticos, cuestiona cualquier complacencia con ese pasado violento y con toda forma moderna de violencia.

Modelo desafecto

José Domingo en La Voz de Barcelona


El acuerdo aprobado el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a instancia del Gobierno de España con el apoyo de las CCAA gobernadas por los socialistas, en solitario o en coalición, y el de las Islas Canarias, ha puesto de manifiesto las contradicciones entre los distintos partidos y el predominio del localismo frente al interés general.

El acuerdo ha sido gestado, básicamente, entre el Gobierno español y el autonómico catalán. Con él se da cumplimiento a lo dispuesto en el título de financiación autonómica del Estatuto de Cataluña; es, por lo tanto, un pacto de matriz estatutaria catalana.

El debate celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña sobre la financiación reflejó las posturas de los distintos partidos. PSC e ICV-EUiA consideran que el acuerdo cumple el Estatuto de Autonomía; CiU lo acepta ante la situación de emergencia financiera de la Generalidad con la condición que se reconozca que no cumple el Estatuto; ERC lo ve como un paso más a favor de la autofinanciación completa, esto es, la independencia; PP lo rechaza porque supone más endeudamiento de las instituciones que conllevará subidas de impuestos; y Ciudadanos lo defiende porque, según sus cuentas, cumple con el noventa por ciento de las tesis que hasta ahora ha defendido.

Resulta incomprensible la postura de este último partido que criticaba la bilateralidad y propugnaba la nivelación total en la prestación de servicios fundamentales y, ahora, en cambio, considera que el acuerdo es plurilateral porque se ha aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, olvidando que este aspecto es meramente formal, porque el sustancial, el político, se ha llevado a cabo conformando la posición del Gobierno a los criterios marcados por el consejero Castells y, lo que es más grave, bajo las condiciones de ERC.

Para aquel debate preparé trece propuestas de resolución contrarias al acuerdo que, finalmente, reduje a una que se limitaba a rechazarlo. El PP voto a favor; CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA votaron en contra; y Albert Rivera se abstuvo.

Mi posición contraria al acuerdo en el debate de financiación no fue caprichosa. Sigo sosteniendo que con este pacto no se arreglarán definitivamente los problemas de financiación en toda España y sólo servirá para ahondar las diferencias interterritoriales y acentuar la deriva de un sistema autonómico desnortado.

A pesar de que el objeto de discusión del Pleno autonómico se centró en discutir si el acuerdo era o no “infraestatutario”, a mi juicio, el debate debió haber girado sobre si era o no “infraconstitucional”.

Digo “infraconstitucional” por no decir “presuntamente anticonstitucional”. A la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre financiación autonómica, es comprensible que no exista ningún interés en determinados sectores nacionalistas y socialistas en que el TC dicte sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno de España ha contravenido el contenido del artículo 2 de la Constitución, que habla del principio de solidaridad. Sé que este principio levanta bajas pasiones, pero las normas están para cumplirlas, también la Carta Magna. La solidaridad no puede ser reducida al carácter de un precepto programático, tiene un contenido económico innegable.

El elemento nuclear de mi discrepancia con el acuerdo obedece a que el artículo 158 garantiza ‘un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español’. No lo limita a tres (educación, sanidad y servicios sociales) ni dispone que será dotado con un porcentaje de los tributos como hace el acuerdo (el 75% de los recursos cedidos a las CCAA, cuando lo ideal sería que fuera del 100%).

De igual manera, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Constitución prevé la aprobación de un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión ‘cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso’. Este Fondo debiera tener un importante papel ahora que se acaban los Fondos FEDER de la Unión Europea. En cambio, el acuerdo opta por crear una serie de fonditos y el único Fondo que figura en la Constitución, el de Compensación Interterritorial, es ignorado. Lo adecuado sería que los recursos de los Fondos de Suficiencia Global y de Convergencia se destinaran al Fondo de Compensación Interterritorial.

Lamentablemente, el interés localista y partidista ha primado sobre los principios constitucionales. Es cierto que los nuevos marcos competenciales de las CCAA (habría que preguntarse si era necesaria la ampliación de los mismos) precisan de una mayor inversión, pero también es verdad que el Estado debe seguir contando con los instrumentos necesarios para garantizar un nivel mínimo de prestación. Es necesario diseñar un modelo sensato, estable, que no dañe al crecimiento económico, pero que, al mismo tiempo, responda a los fines encomendados constitucionalmente de cohesión y solidaridad, siempre bajo los principios de factibilidad económica y política.

50 años de ETA

La opinión de José Domingo.


Frecuentemente, los acontecimientos del presente se justifican en el pasado. También los relacionados con ETA, que ahora cumple 50 años celebrando con pasteles-bomba fiestas de terror. Los jóvenes que en la década de los sesenta fundaron ETA no lucharon en la guerra civil, y los jóvenes que matan y destruyen domicilios ahora, tampoco padecieron la dictadura franquista. Se creen, sin embargo, herederos de una misión histórica y pretenden extemporáneamente ganar la guerra civil y acabar con el franquismo. Su batalla es estéril, España no está en guerra y vivimos en una democracia.

Sin embargo, persisten en su equivocación, viven para ello y de ello. Mientras tanto, truncan vidas de jóvenes y mayores en aras de un ideal imposible, la independencia de un País Vasco, reunificado a horcajadas de España y Francia, que nunca existió ni existirá.

No me cabe la menor duda de que el Estado de Derecho acabará con los asesinos, pero es desazonador comprobar que, después de tanto sufrimiento generado por los terroristas, cueste tanto reaccionar. La confusión ideológica o el miedo atenaza a muchos y les impide dar un paso al frente y parar en seco cualquier grieta que ampare a los terroristas. ¡Todavía hay jueces, excesivamente comprensivos, que se parapetan en la libertad de expresión para permitir homenajes en las calles a etarras para vergüenza de los demócratas y de las víctimas del terrorismo!

En el Congreso de los Diputados, con motivo de la condena del asesinato de los guardias civiles, Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá Letaún, se leyó una declaración de condena en la que se dejaba claro que la vía de la negociación con los terroristas estaba cerrada. Espero que los que firmaron esta declaración se comprometan a asumir lo que firmaron. Zapatero reconoció su error y no estaría de más que los dirigentes de ERC e ICV, que estaban representados por Joan Tardà y Joan Herrera en aquel acto, también lo hicieran y pegaran un portazo a su discurso anterior. No cabe marcha atrás en la firmeza contra el terrorismo ni dejar entreabierta la puerta al pacto con matarifes.

Cincuenta años son muchos y el compromiso de todos los ciudadanos es hacer posible que no lleguen a cumplir los cincuenta y uno.