Modelo desafecto

José Domingo en La Voz de Barcelona


El acuerdo aprobado el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a instancia del Gobierno de España con el apoyo de las CCAA gobernadas por los socialistas, en solitario o en coalición, y el de las Islas Canarias, ha puesto de manifiesto las contradicciones entre los distintos partidos y el predominio del localismo frente al interés general.

El acuerdo ha sido gestado, básicamente, entre el Gobierno español y el autonómico catalán. Con él se da cumplimiento a lo dispuesto en el título de financiación autonómica del Estatuto de Cataluña; es, por lo tanto, un pacto de matriz estatutaria catalana.

El debate celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña sobre la financiación reflejó las posturas de los distintos partidos. PSC e ICV-EUiA consideran que el acuerdo cumple el Estatuto de Autonomía; CiU lo acepta ante la situación de emergencia financiera de la Generalidad con la condición que se reconozca que no cumple el Estatuto; ERC lo ve como un paso más a favor de la autofinanciación completa, esto es, la independencia; PP lo rechaza porque supone más endeudamiento de las instituciones que conllevará subidas de impuestos; y Ciudadanos lo defiende porque, según sus cuentas, cumple con el noventa por ciento de las tesis que hasta ahora ha defendido.

Resulta incomprensible la postura de este último partido que criticaba la bilateralidad y propugnaba la nivelación total en la prestación de servicios fundamentales y, ahora, en cambio, considera que el acuerdo es plurilateral porque se ha aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, olvidando que este aspecto es meramente formal, porque el sustancial, el político, se ha llevado a cabo conformando la posición del Gobierno a los criterios marcados por el consejero Castells y, lo que es más grave, bajo las condiciones de ERC.

Para aquel debate preparé trece propuestas de resolución contrarias al acuerdo que, finalmente, reduje a una que se limitaba a rechazarlo. El PP voto a favor; CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA votaron en contra; y Albert Rivera se abstuvo.

Mi posición contraria al acuerdo en el debate de financiación no fue caprichosa. Sigo sosteniendo que con este pacto no se arreglarán definitivamente los problemas de financiación en toda España y sólo servirá para ahondar las diferencias interterritoriales y acentuar la deriva de un sistema autonómico desnortado.

A pesar de que el objeto de discusión del Pleno autonómico se centró en discutir si el acuerdo era o no “infraestatutario”, a mi juicio, el debate debió haber girado sobre si era o no “infraconstitucional”.

Digo “infraconstitucional” por no decir “presuntamente anticonstitucional”. A la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre financiación autonómica, es comprensible que no exista ningún interés en determinados sectores nacionalistas y socialistas en que el TC dicte sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno de España ha contravenido el contenido del artículo 2 de la Constitución, que habla del principio de solidaridad. Sé que este principio levanta bajas pasiones, pero las normas están para cumplirlas, también la Carta Magna. La solidaridad no puede ser reducida al carácter de un precepto programático, tiene un contenido económico innegable.

El elemento nuclear de mi discrepancia con el acuerdo obedece a que el artículo 158 garantiza ‘un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español’. No lo limita a tres (educación, sanidad y servicios sociales) ni dispone que será dotado con un porcentaje de los tributos como hace el acuerdo (el 75% de los recursos cedidos a las CCAA, cuando lo ideal sería que fuera del 100%).

De igual manera, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Constitución prevé la aprobación de un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión ‘cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso’. Este Fondo debiera tener un importante papel ahora que se acaban los Fondos FEDER de la Unión Europea. En cambio, el acuerdo opta por crear una serie de fonditos y el único Fondo que figura en la Constitución, el de Compensación Interterritorial, es ignorado. Lo adecuado sería que los recursos de los Fondos de Suficiencia Global y de Convergencia se destinaran al Fondo de Compensación Interterritorial.

Lamentablemente, el interés localista y partidista ha primado sobre los principios constitucionales. Es cierto que los nuevos marcos competenciales de las CCAA (habría que preguntarse si era necesaria la ampliación de los mismos) precisan de una mayor inversión, pero también es verdad que el Estado debe seguir contando con los instrumentos necesarios para garantizar un nivel mínimo de prestación. Es necesario diseñar un modelo sensato, estable, que no dañe al crecimiento económico, pero que, al mismo tiempo, responda a los fines encomendados constitucionalmente de cohesión y solidaridad, siempre bajo los principios de factibilidad económica y política.