La opinión de José Domingo.
De todas las informaciones leídas sobre el falso referéndum de Arenys de Munt convocado por el “Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació”, me han parecido especialmente tendenciosos los titulares de algunos periódicos. Según han publicado, el abogado del Estado que ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la moción aprobada por el pleno de ese Ayuntamiento en apoyo a la consulta, tiene un pasado falangista.
No ha sido la Falange la que ha decidido recurrir el acuerdo del Ayuntamiento, sino la Delegación del Gobierno en Cataluña que dirige el socialista Joan Rangel. Los Abogados del Estado son los encargados de defender y representar en juicio a la Administración central por lo que la ideología actual o pasada del excelente abogado Sr. Jorge Buxadé es intrascendente a esos efectos. En estos mismos días se ha conocido que la Delegación del Gobierno en Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Granada de mantener un monumento a José Antonio Primo de Rivera en la vía pública por entender que esta decisión vulnera la Ley de Memoria Histórica. Ningún medio de comunicación ha hurgado en la condición ideológica del abogado del Estado que lleva el caso. Desconocemos si es socialista, democratacristiano o carlista. Y así debe ser, puesto que a estos funcionarios se les piden cuentas por la calidad de la defensa jurídica, no por su adscripción ideológica. Conozco a algunos Abogados de la Generalitat que han tenido que defender resoluciones de esta Administración en las antípodas de su pensamiento, y han ganado el pleito.
El abogado del Ayuntamiento de Arenys de Munt es el diputado Salvador Milà que actualmente milita en ICV y antes fue del PSUC, cuando este partido se reconocía comunista. Salvador Milà no pleitea al lado del ayuntamiento por su antigua condición de joven comunista, sino porque ha recibido un encargo profesional consistente en defender la legalidad del acuerdo de esa corporación de apoyar consultas populares en su municipio. Desconozco si el Ayuntamiento de Arenys de Munt apoyaría y cedería sus locales para preguntar a los vecinos sobre si están de acuerdo con la castración de los violadores, o la despenalización de la pederastia, o la defenestración del alcalde, o el apedreamiento de los gatos. Es de imaginar que sí, puesto que su defensa se basa en el genérico derecho del ayuntamiento a facilitar las consultas populares. Se ha de asumir, por lo tanto, que la coincidencia de que el alcalde de ese pueblo sea integrante de la Comisión promotora del “referéndum” que desde Arenys de Munt defiende de manera ambiciosa la independencia para toda Cataluña, es un hecho intrascendente a efectos de la decisión municipal.
Si el debate es meramente jurídico hay que situarlo en estos términos y descargarlo de contenido político. La cuestión de fondo sería la misma, fuera cual fuera la pregunta, esto es, si los ayuntamientos contravienen la ley cuando dan apoyo y cobertura mediante acuerdos municipales a asociaciones que quieren efectuar consultas no vinculantes a sus vecinos. Por lo tanto, el hecho de que los defensores de las partes implicadas en el proceso sean falangistas, comunistas, independentistas, o anarquistas es irrelevante y quien ponga el acento en esa circunstancia actúa con evidente mala fe.
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