Cataluña in(ter)dependiente

La opinión de José Domingo en El Noticiero de las ideas.


El 21 de noviembre de 2006, José Montilla pronunciaba su discurso de investidura en el Parlamento de Cataluña. Lo iniciaba diciendo que Cataluña abría una nueva etapa y lo acababa con una descripción de su persona: “más que un ideólogo o un político, soy un trabajador de la política”, “discreto, pero transparente, no grito, pero sí dirijo, no gesticulo, pero sabré gestionar”. Montilla había aprendido la lección de la legislatura anterior en la que el Gobierno-montaña rusa de Maragall hizo del escándalo su seña de identidad. Aquel Gobierno tuvo su carta de presentación en el pacto del Tinell y continuó con al artefacto estatutario catalán que, finalmente, explotó en las manos de sus impulsores. Esta bomba de relojería está todavía pendiente de ser desactivada por el Tribunal Constitucional. Efectivamente, el de Montilla es un Gobierno menos estridente, pero muy eficaz en la construcción nacional. El Presidente de la Generalitat, nacido andaluz, no puede hablar de la Cataluña de sus antepasados pero trabaja para que sus hijos y nietos reconozcan a Cataluña como “nación”. Para lograrlo, utiliza el Estatuto de Autonomía de 2006 como instrumento idóneo para conseguir más autogobierno, más y mejor financiación y un mayor reconocimiento de la identidad nacional. Sin necesidad de gritar, defiende una Cataluña interdependiente de España y de Europa, esto es con dependencia recíproca respecto a ambas. Esta política, calculadamente ambigua, permite que un vector de su Gobierno (ERC) trabaje, con la ayuda del presupuesto de la Generalitat, a favor de la independencia. La “Entesa Nacional de Progrés” El examen del documento programático del Gobierno, denominado de la “Entesa Nacional de Progrés” y la actualización de ese acuerdo, pactado por los socios de gobierno en abril de este año, son buenas muestras de las formas de Montilla. Los titulares del programa son aparentemente inocuos (“Progreso social y atención a las personas”, “Profundización del autogobierno, del Gobierno local y de la acción exterior; la calidad democrática y nuevos valores” e “Impulso económico, empleo y política territorial”) pero el menudillo está cargado de ideología fundamentada en los siguientes principios: a) la demolición simbólica de la presencia de la Administración General del Estado en Cataluña; b) el reforzamiento de la identidad catalana y el impulso al ámbito catalán de decisión; y c) la organización de una estructura que sirva de base para un hipotético Estado catalán. Esta decidida acción de gobierno no hubiera sido posible sin el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la complicidad silente del Gobierno de la Nación y la inoperancia del Tribunal Constitucional que, tres años después, no ha sido capaz de dictar la sentencia que sopese la constitucionalidad de aquella norma. La situación sostenida de interinidad se ha aprovechado para ir construyendo una arquitectura normativa que hace desaparecer en la práctica a la Administración General del Estado. Así, en este periodo transitorio se han aprobado leyes que desarrollan el Estatuto como el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, al servicio del espacio catalán de relaciones laborales, la Agencia Tributaria Catalana que gestiona, recauda, liquida e inspecciona los impuestos en Cataluña; y el Consejo de Garantías Estatutarias que convierte a este órgano en una especie de sucedáneo del Tribunal Constitucional. También, se está tramitando en estos momentos el proyecto de ley del Síndic de Greuges que impedirá la supervisión de la Administración catalana por parte del Defensor del Pueblo. En esta misma línea de fractura se encuadra la futura creación de la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acabará con la dependencia orgánica que tenían los Inspectores de Trabajo de su Ministerio, a pesar de la oposición de las organizaciones sindicales y empresariales a nivel nacional. En esta labor de demolición juega también un papel trascendental la deslegitimación de las instituciones o empresas estatales. Son muchas las campañas orquestadas en las que se presentan como inservibles, por profundamente ineficaces, a empresas públicas como RENFE, AENA o la Administración de Justicia. Estas campañas son parte de una estrategia, bien diseñada, que identifica lo español (esto es, lo estatal) con la mala gestión, mientras que la transferencia de competencias cuenta con la presunción de la eficacia administrativa. El proceso se ha visto completado con la progresiva consolidación de una estructura propia de un Estado, según el modelo clásico. Para ello, resulta imprescindible controlar la policía y dotarse de una administración exterior. En lo que hace referencia al modelo policial, el despliegue de la policía autonómica ha finalizado en 2008 con la llegada de los Mossos d’Esquadra a la provincia de Tarragona, pasando a desempeñar la Policía Nacional y la Guardia Civil un papel anecdótico. Uno de los temas estrella de esta legislatura, aparte de la financiación autonómica, es la creación de la Administración exterior catalana. Carod viene insistiendo en que el nuevo Estatuto da fundamento suficiente a la Generalitat “para crear una estructura dedicada a las relaciones internacionales“, a pesar de que el artículo 149 de la Constitución atribuye explícitamente la competencia exclusiva de estas relaciones al Estado, y de que dicho sintagma no aparece en todo el texto del Estatuto (art. 193) que únicamente faculta al Gobierno catalán a llevar acciones con proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias. Amparándose en ello, se están creando las Delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior. Basta leer los discursos de Carod en Berlín, Londres o Nueva York, con motivo de la inauguración de las nuevas Oficinas, para apreciar el nivel de deslealtad institucional que contienen. Este no es un tema menor puesto que de lo que se trata es de dar apariencia de Estado y de ahí que sólo figure en sus sedes la bandera catalana; además, se presenta a Cataluña como una Comunidad al margen de España y obligada a convivir en ella por una imposición secular. El discurso exterior catalán, se combina con una recurrente reivindicación de lo particular y un aparente pacifismo de raíces históricas inmemoriales que, según la “diplomacia” catalana son garantía de su buena fe y de su carencia de veleidades expansionistas o neocolonizadoras. Esta idiosincrasia supuestamente no-beligerante ha derivado hasta ahora en sonados enfrentamientos con compañías de aviación (Air Berlin) o medios de comunicación privados (The Economist) por asuntos relacionados con las críticas que han efectuado estos medios al modelo lingüístico catalán. La Ley de Educación de Cataluña Esta obsesión por la política lingüística, que empapa el discurso de Montilla, repleto de citas sobre la “lengua propia” y la descalificación de aquellos que defienden la libertad lingüística, atribuyéndoles, de forma malévola, un deseo de romper la convivencia en Cataluña (el discurso de Montilla está impregnado de lenguaje nacionalista y es habitual que en sus intervenciones públicas apele, de forma continuada, al sentimiento de pertenencia y a los conceptos de nación, pueblo o país). El documento programático de la “Entesa Nacional de Progrés” no preveía una nueva ley de educación de Cataluña y, aparentemente, la presencia al frente del Departamento de Educación de un socialista, cuando hasta ahora esta Consejería había sido feudo republicano, hizo albergar esperanzas sobre una mayor flexibilidad en la política lingüística en la escuela. Es más, al poco de iniciar su mandato, Ernest Maragall, hermano del expresidente de la Generalitat y responsable de la educación, reconoció en el Parlamento que los niños de Olot no sabían hablar bien castellano, lo que justificaría una mayor presencia del castellano en las aulas. La sinceridad de Maragall desembocó en una reacción durísima de los nacionalistas de ERC y de CiU. Fue el inicio del cambio de modelo lingüístico que se consagra en el proyecto de ley de Educación de Cataluña. La situación de debilidad jurídica de la política educativa catalana era cuestionada por el Gobierno de la Nación, al intentar aplicar el Real Decreto de enseñanzas mínimas que prevé impartir tres horas de castellano a la semana y por los tribunales que dejaban al descubierto el artificioso engranaje administrativo que había servido de soporte a los atropellos lingüísticos. En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a preguntar a los padres en la hoja de preinscripción por la lengua en la que querían escolarizar a sus hijos en la primera enseñanza (hasta los ocho años) encendió la alarma roja del Tripartito, llevando a ERC a condicionar su continuidad en el Gobierno al blindaje de la política lingüística. La contestación se ha materializado en la aprobación de un Plan de Inmersión y el nuevo régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña que extinguen los pocos derechos de los castellanohablantes que reconocía el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística de 1998. De aprobarse el proyecto de ley, la inmersión lingüística será reconocida por primera vez en un texto normativo y los castellanohablantes sólo tendrán derecho a reclamar la escolarización en su lengua habitual durante un único año mediante el modelo segregacionista de la atención individualizada. Son los socialistas, nuevamente, ya lo hicieron en la ley de Normalización de 1983 y en la Ley de Política Lingüística de 1998, los encargados de aplastar la escolarización en castellano. La lengua de acogida de los inmigrantes El último paso en el proceso de construcción nacional es la asimilación cultural de los inmigrantes. Cataluña, cuenta con casi un millón cuatrocientos mil residentes extranjeros (un 16% de su censo) y esta cifra preocupa a los defensores de una identidad única catalana. El Gobierno en el año 2007, con motivo del Congreso Internacional sobre la acogida de las personas bienvenidas, presentó una ponencia en la que, al hablar de acogida para los inmigrantes, quedaba claro que se pretendía intervenir en el uso de la lengua catalana de los colectivos de la “nueva inmigración”. La aprobación de un pacto nacional (¡como no!) para la inmigración ha sido la coartada para la elaboración de una Ley de acogida en la que se condiciona el imprescindible certificado de arraigo al conocimiento de la lengua catalana, priorizada respecto al castellano, lengua oficial del Estado. De aprobarse en su literalidad el proyecto resultará, por ejemplo, que un residente de nacionalidad argentina en Madrid no tendrá problemas de arraigo y, en cambio, si vive en Tarragona, le darán el certificado cuando acredite los conocimientos lingüísticos (en lengua catalana, por supuesto). Los efectos del Estatuto de Autonomía han continuado influyendo en la política catalana y es la promesa del paraíso de la especificidad el que guía al Gobierno. Su empecinamiento en marcar la diferencia hace inviable, por ahora, la posibilidad de un gobierno en el que los intereses nacionales, entendiendo por tales los de toda España, primen sobre lo particular.