La opinión de Rosa Díez en su blog.
Ya se que algunas personas apenas han tenido recreo; y que muchos más que los primeros quisieran no tener tanto “recreo” y levantarse cada mañana temprano al oír el despertador y emprender la jornada laboral. Precisamente por eso es mucha la responsabilidad que asumimos quienes si tenemos un trabajo retribuido y estable en el medio plazo y quienes, además, participamos en la toma de decisiones que afectan a la vida de nuestros conciudadanos.
Todos los analistas coinciden en que este año que acabamos de estrenar va a ser duro e incluso hay quien vaticina que será peor que el que hemos despedido entre campanadas y espumillón. Hoy eso ya no está en discusión, pero si lo ha de estar el cómo nos enfrentamos a las dificultades para evitar que el deterioro económico afecte de forma aún más negativa a aquellos de nuestros conciudadanos que están en peores condiciones para soportarlo.
Hay quién se empeña en explicarnos que la crisis económica es internacional, que está controlada por unos entes extraños llamados mercados y que poco podemos hacer salvo obedecer a no se sabe muy bien quien. Es cierto que la crisis es global; pero no es verdad que lo único que podamos hacer es seguir instrucciones. Porque en nuestro país hay una crisis interna, inequívocamente española, a la que nos tenemos que enfrentar nosotros solitos ya que nadie va a venir de fuera a resolvérnosla. Las instituciones comunitarias intervienen para evitar que nuestros problemas agranden los de la UE; nos dictan el déficit máximo y nos controlan –como al resto de países miembros- el monto total de nuestros presupuestos; pero de nosotros depende en qué y cómo invertimos esos recursos. O sea, la acción política – o la inacción, que es una forma de actuar cada vez más extendida entre los mal llamados políticos- depende de los políticos que los españoles hemos elegido en las urnas. De nuestros políticos –entre los que me cuento-, de su capacidad, de su autonomía ejercida al máximo, de su valor para enfrentarse a las consecuencias de sus actos, dependerá en ultima instancia si seguimos atascados o si aceleramos el paso para no perder el último vagón del último tren que pase por delante.
De nosotros depende que haya barra libre dentro de nuestras fronteras nacionales para malgastar los escasos recursos o que se controlen los presupuestos autonómicos antes de ser aprobados; de nosotros depende que, además de controlar el tope máximo de gasto, impongamos al conjunto de las administraciones públicas que gestionan nuestros impuestos las medidas que hagan efectivos, en condiciones de igualdad, los derechos fundamentales que la Constitución proclama para todos los españoles; de nosotros depende que destinemos una parte sustancial de nuestro dinero a garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre territorios y ciudadanos; de nosotros depende que terminemos con las diecisiete fronteras interiores que lastran nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo económicos; de nosotros depende que acabemos con los más de cinco mil entes públicos ineficaces, ineficientes y en muchos casos completamente artificiales que pueblan nuestra geografía nacional; de nosotros depende que persigamos el fraude fiscal y afloremos decenas de miles de millones que hoy no se ingresan en nuestras arcas públicas; de nosotros depende que se impulsen políticas activas para que los empresarios y los emprendedores puedan desarrollar sus iniciativas y para que nuestros jóvenes no tengan que irse de España.
No es verdad que haya que dedicarse únicamente a obedecer a quien nos habla en idioma extranjero. No es verdad eso que nos dicen de que las cosas están peor de cómo se suponía; todos sabíamos cómo de mal estaba el asunto; particularmente lo sabían quienes han llegado al Gobierno (por supuesto, los que se ha ido más aún, aunque tampoco lo reconocieran nunca) porque ya estaban gobernando en la mayor parte de las instituciones españolas. No vamos a aceptar que la incapacidad o la cobardía se quieran ocultar echando la culpa al otro. Claro que el Gobierno saliente es políticamente responsable de esta gravísima triple crisis que nos asola; pero por eso han perdido las elecciones los socialistas y para eso se supone que tiene mayoría más que suficiente el Partido Popular: para enfrentarse con los problemas y dejar de echar balones fuera.
No es la hora de la resignación, ni de la vendetta. Es la hora del trabajo y de la responsabilidad. Hay que trabajar con un horizonte de sacrificios y de recompensas. Es la hora de la austeridad selectiva, en palabras de Luis de Velasco. Por eso hay que explicar la verdad a los ciudadanos, incluida la opción de rectificar promesas electorales si hubiera que hacerlo. No hay tiempo que perder, no lo tenemos. Déjense de pedir informes para ganar tiempo mientras se deciden a hacer una cosa o la contraria. ¿Acaso alguien puede dar un informe más fiable sobre Garoña que el que hizo el órgano nacional competente en materia de seguridad nuclear? ¿Acaso hace falta que el Banco de España nos diga lo que ganan los directivos de las Cajas de Ahorro que han nombrado los mismos que piden el informe? ¿Acaso hay que reunir una vez más a las CCAA para pedirles información sobre los centenares de entes públicos que aún no han eliminado?
Señores del Gobierno, sepan que desde UPyD estamos dispuestos a darles todo el tiempo que necesiten para poner en marcha sus políticas, las que consideren las mejores para España. Cien, doscientos, trescientos días… lo que haga falta. Pero no nos tomen el pelo encargando informes, que para eso no hace falta que se reúna el Consejo de Ministros; para decirle a la gente lo que ésta quiere escuchar no hace falta la política, sobra con la demoscopia. Hagan el favor de actuar, de tomar medidas, de enfrentarse a la crisis política y abordar las profundas reformas estructurales sin las cuales será imposible que se reactive la economía en nuestro país. Hagan el favor de no faltarnos al respeto al conjunto de los ciudadanos buscando disculpas para abordar (o no hacerlo) todas las cuestiones pendientes. Y no caigan en la tentación de copiar lo peor de aquellos a los que han sustituido: comportarse con soberbia con los débiles, y ser sumisos o acomplejados frente a los poderosos.
Y también es la hora de hablar alto y claro frente a quienes quieren protagonizar una segunda transición en la que los terroristas y todos sus cómplices hablen en condiciones de igualdad a las víctimas y a todos los que han luchado en defensa de la democracia. Basta ya de discursos hipócritas y cobardes; basta ya de escuchar impávidos los gritos de quienes claman en las calles vascas a favor de los criminales; basta ya de neutralidades cómplices. Sólo una sociedad democrática y éticamente enferma puede tolerar manifestaciones como la que recorrió Bilbao la tarde de este último sábado. Sólo una sociedad sin cuajo democrático permite que sus calles se llenen de gritos a favor de los criminales; sólo gentes sin principios pueden permanecer calladas viendo al frente de esa exhibición de fanatismo a personas que hoy dirigen instituciones democráticas. ¿Hemos de aceptar que los enemigos de la democracia acaben democráticamente con ella?
Creo que no, que el recreo se ha terminado para todos y para todo. Es la hora de actuar sobre nuestros profundos problemas estructurales; es la hora de impulsar un modelo de país sostenible en lo económico y viable en lo político, que garantice la cohesión y la igualdad entre españoles. Es la hora de revisar y de unir todo lo que hemos ido desmantelando en las últimas legislaturas; es la hora de reivindicar derechos de ciudadanía frente a los discursos identitarios que tanto daño han hecho a nuestra joven democracia. Es la hora de defender la democracia, la ley y la justicia. Es la hora de la política y de los políticos sin miedo. Pongámonos a ello.
martes, 24 de enero de 2012
martes, 17 de enero de 2012
La parte contratante de la primera parte
La opinión de Fernando Savater en El País.
Nos asegura Nietzsche que la civilización se funda en la capacidad de prometer. Pero si hubiese tenido ocasión de escuchar los diversos modos en que prometieron acatamiento a la Constitución los electos en los pasados comicios generales de nuestro país, quizá le hubieran entrado algunas dudas sobre su rotundo principio. Hubo un recital de imaginativas restricciones y coletillas de variados acentos, desde el ya conocido "por imperativo legal" hasta "a pesar de mis convicciones republicanas" y cosas así. Por lo visto abundan los parlamentarios y senadores que consideran esa ocasión solemne pero ritual como algo semejante al momento de recibir el Oscar, en el que los galardonados tienen que expresar en pocas palabras sus convicciones pacifistas, su militancia ecológica o al menos su inmenso agradecimiento a la madre recientemente fallecida.
Admito que nunca he comprendido del todo la argumentación del Tribunal Constitucional para aceptar el remiendo "por imperativo legal" a la promesa del cargo. Primero, porque es una vaciedad: todos los que se someten a ese ritual lo hacen obviamente para cumplir un requisito legal y no movidos por una irrefrenable afición a jurar o prometer cosas. Pero es que además, según el dictamen del TC, esa reserva no altera el contenido afirmativo del pronunciamiento y en cambio es concorde con el pluralismo ideológico constitucionalmente reconocido, entendiendo la ley de leyes de modo integrador y no excluyente. Vamos a ver: si la Constitución consagra el pluralismo, ¿por qué nadie tiene que aceptarla expresando algún tipo de reservas? A los únicos que excluye la Constitución, claro, es a quienes la rechazan: a los que pretenden modificarla los integra sin remilgos, porque incluye mecanismos constitucionales para ello. Si el añadido de marras en nada modifica la respuesta afirmativa, ¿a qué viene? ¿No es algo así como cruzar los dedos con la mano en la espalda mientras aseguramos al jefe que estábamos con gripe y no en el puticlub?
El TC considera, por lo demás, que el juramento o la promesa son supervivencias de épocas en que ciertas fórmulas verbales creaban deberes jurídicos y compromisos sobrenaturales. Estos últimos, desde luego, para nada interesan a un Estado laico y por tanto la Biblia y el crucifijo son arcaísmos difíciles de justificar (¿qué parafernalias religiosas deberíamos ir preparando para cuando tengamos ministros musulmanes o budistas?). Pero en cambio permanecen vigentes abundantes deberes jurídicos que brotan de manifestaciones orales o escritas, a veces la simple firma al pie de un documento (la máxima condensación del formulismo verbal). Son expresiones performativas, o sea que no solo "dicen" sino que "operan" ciertos efectos legales. Por medio de ellas contraemos matrimonio, asumimos contratos, hacemos compras y ventas, etc...: es decir, son fundamento de obligaciones propias que asumimos o ajenas que nos consideramos facultados para exigir.
¿Habrá que suprimirlas todas como residuos del pasado y abolir la promesa, aunque le duela a Nietzsche? Porque no parece decente que los mismos que cumplen escrupulosamente las formalidades cuando compran un piso y exigen que el árbitro determine la posición de los equipos en el campo lanzando una moneda al aire y no según el vuelo de las aves solo se opongan a los convencionalismos a la hora solemne de representar a los ciudadanos. Como siempre nuestros bravucones y matamoros guardan sus desplantes para quienes menos se quejan y mejor les recompensan: las instituciones de España. ¿No será mejor generalizar el uso de apostillas aclaratorias según prefiera la parte contratante o contratada? Podría ser una solución y hasta permitiría expansiones poéticas: "aunque la tierra es del viento, pagaré este arrendamiento", "vendré todas las mañanas, aunque nunca tenga ganas"... Y la más decisiva y frágil: "Sé que todo es pasajero, pero juro que te quiero".
Nos asegura Nietzsche que la civilización se funda en la capacidad de prometer. Pero si hubiese tenido ocasión de escuchar los diversos modos en que prometieron acatamiento a la Constitución los electos en los pasados comicios generales de nuestro país, quizá le hubieran entrado algunas dudas sobre su rotundo principio. Hubo un recital de imaginativas restricciones y coletillas de variados acentos, desde el ya conocido "por imperativo legal" hasta "a pesar de mis convicciones republicanas" y cosas así. Por lo visto abundan los parlamentarios y senadores que consideran esa ocasión solemne pero ritual como algo semejante al momento de recibir el Oscar, en el que los galardonados tienen que expresar en pocas palabras sus convicciones pacifistas, su militancia ecológica o al menos su inmenso agradecimiento a la madre recientemente fallecida.
Admito que nunca he comprendido del todo la argumentación del Tribunal Constitucional para aceptar el remiendo "por imperativo legal" a la promesa del cargo. Primero, porque es una vaciedad: todos los que se someten a ese ritual lo hacen obviamente para cumplir un requisito legal y no movidos por una irrefrenable afición a jurar o prometer cosas. Pero es que además, según el dictamen del TC, esa reserva no altera el contenido afirmativo del pronunciamiento y en cambio es concorde con el pluralismo ideológico constitucionalmente reconocido, entendiendo la ley de leyes de modo integrador y no excluyente. Vamos a ver: si la Constitución consagra el pluralismo, ¿por qué nadie tiene que aceptarla expresando algún tipo de reservas? A los únicos que excluye la Constitución, claro, es a quienes la rechazan: a los que pretenden modificarla los integra sin remilgos, porque incluye mecanismos constitucionales para ello. Si el añadido de marras en nada modifica la respuesta afirmativa, ¿a qué viene? ¿No es algo así como cruzar los dedos con la mano en la espalda mientras aseguramos al jefe que estábamos con gripe y no en el puticlub?
El TC considera, por lo demás, que el juramento o la promesa son supervivencias de épocas en que ciertas fórmulas verbales creaban deberes jurídicos y compromisos sobrenaturales. Estos últimos, desde luego, para nada interesan a un Estado laico y por tanto la Biblia y el crucifijo son arcaísmos difíciles de justificar (¿qué parafernalias religiosas deberíamos ir preparando para cuando tengamos ministros musulmanes o budistas?). Pero en cambio permanecen vigentes abundantes deberes jurídicos que brotan de manifestaciones orales o escritas, a veces la simple firma al pie de un documento (la máxima condensación del formulismo verbal). Son expresiones performativas, o sea que no solo "dicen" sino que "operan" ciertos efectos legales. Por medio de ellas contraemos matrimonio, asumimos contratos, hacemos compras y ventas, etc...: es decir, son fundamento de obligaciones propias que asumimos o ajenas que nos consideramos facultados para exigir.
¿Habrá que suprimirlas todas como residuos del pasado y abolir la promesa, aunque le duela a Nietzsche? Porque no parece decente que los mismos que cumplen escrupulosamente las formalidades cuando compran un piso y exigen que el árbitro determine la posición de los equipos en el campo lanzando una moneda al aire y no según el vuelo de las aves solo se opongan a los convencionalismos a la hora solemne de representar a los ciudadanos. Como siempre nuestros bravucones y matamoros guardan sus desplantes para quienes menos se quejan y mejor les recompensan: las instituciones de España. ¿No será mejor generalizar el uso de apostillas aclaratorias según prefiera la parte contratante o contratada? Podría ser una solución y hasta permitiría expansiones poéticas: "aunque la tierra es del viento, pagaré este arrendamiento", "vendré todas las mañanas, aunque nunca tenga ganas"... Y la más decisiva y frágil: "Sé que todo es pasajero, pero juro que te quiero".
lunes, 16 de enero de 2012
Mantener el despilfarro desangrando a las familias
La opinión de Roberto Centeno en Cotizalia.
Nunca creí que pudiera suceder. Rajoy, el que siempre diría la verdad a los ciudadanos, engaña desde su primer día de gobierno a los españoles en general y a sus votantes en particular. Ha puesto en marcha una política económica izquierdista, propia de su amigo Zapatero, al mantener el despilfarro público, financiado con un hachazo brutal a la renta y el ahorro de las familias. Ese no es el esfuerzo colectivo que proclaman hoy las plumas mercenarias; es un expolio en toda regla.
El nuevo presidente ha decidido mantener casi intacto el tamaño de un modelo de Estado imposible de financiar y corrupto hasta la médula, a costa de aplastar el sector privado de la economía, el único que podría sacarnos de la crisis, mientras los inversores internacionales han sacado de España 100.000 millones de euros en 2011, el 10% del PIB.
Y esto es solo el aperitivo. Las medidas tomadas el viernes solo suponen una reducción bruta del déficit de 14.900 millones -la neta es casi nula, restando a éste recorte el incremento de 13.500 millones que ha puesto en marcha-, 6.000 millones de incremento de la presión fiscal sobre la clase media, que paga ya los impuestos más altos de Europa -hasta el 51% en el IRPF y el 40% las rentas superiores as 30.000 euros, gravadas con un 30% en la mayoría de países hasta los 43.000 euros- y un recorte de gasto de 8.900 millones, recorte de gasto necesario. Cero del despilfarro. ¿Y qué ocurre ahora? Además de colocar un torpedo en la línea de flotación de la salida de la crisis gravando brutalmente renta y ahorro, debe recortar 40.000 millones de euros más de aquí a final de marzo si es que quiere reducir el déficit 2012 al 4,4% del PIB.
La reducción del déficit al 4,4% comprometida con Bruselas requiere un recorte adicional de otros 20.000 millones, ya que la base de cálculo de un incremento del PIB del 2,3% de Zapatero era ciencia ficción, y el consenso del mercado antes de los recortes era de una caída del 2,1%
¿De dónde va a salir tan ingente cantidad de dinero? Pues de nuestros bolsillos, gravando más aún la renta y el ahorro, subiendo el IVA, los impuestos especiales, el Patrimonio y todo lo que sea menester, porque la casta política no está dispuesta a renunciar a uno solo de sus privilegios aunque desaparezca la clase media y se hunda España. Durante años, y hasta hace solo diez días, Rajoy ha venido proclamando urbi et orbi que en cuanto llegara al poder bajaría los impuestos, porque era la única forma de crear empleo y de recuperar el crecimiento. No ha esperado ni un solo segundo para hacer todo lo contrario. Ni siquiera Rubalcaba lo hubiera hecho peor. No sé la cara que se le habrá quedado a sus votantes, que son además sobre los recaerá el grueso del ajuste, pero deben estar jurando en arameo.
Asimismo, la explicación que nos ha dado Soraya Sáenz de Santamaría es una burla a todos los españoles. Miente al afirmar que “nos hemos encontrado con una situación extraordinaria y no prevista”. ¿Cómo no sabían que el déficit público 2011 sería del 8% o más en lugar de la ficción del 6%? Lo sabían todos los analistas, servidor lo ha dicho en esta columna desde hace meses por activa y por pasiva. Montoro me lo dijo ya en el mes de septiembre, así que ¿por qué mienten con esa desfachatez?
Mención aparte merecen las previsiones de crecimiento de 2012. ¿Es posible que el PP se haya creído que íbamos a crecer un 2,3% en lugar del -2,1% que estima el consenso del mercado?, ¿no había asegurado que nunca se faltaría a la verdad?
Una injusticia flagrante
Es incomprensible, es una injusticia flagrante, que existiendo duplicidades entre las distintas administraciones (que suponen un despilfarro anual de 34.000 millones de euros) éstas se mantengan intactas mientras se suben impuestos y se recortan salarios y gastos necesarios. ¿Cuál es la razón de este disparate histórico? Muy sencillo: estas duplicidades dan trabajo, perfectamente inútil, a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios de la casta política y, en consecuencia, ni el PP, ni el PSOE ni los nacionalistas están dispuestas a renunciar a ello. A tamaña sinrazón se suma el hecho de que los primeros ejecutivos de las cajas que han recibido miles de millones de dinero público, que ni han devuelto ni pueden devolver, se han llevado 80 millones de euros en 2011, algunos más de 10 millones. El colmo.
El recorte de déficit anunciado supone un incremento de impuestos de 6.000 millones que recaen íntegramente sobre la clase media, un incumplimiento tan flagrante como innecesario de su promesa electoral estrella. Flagrante porque, como he explicado, conocían de sobra la realidad y se la han ocultado a los españoles al igual que los socialistas e innecesario porque era sencillísimo sacarlos de otra parte. Por ejemplo: cierre inmediato de todas la TV autonómicas y locales en pérdidas, 1.300 millones. Autorización inmediata de emitir publicidad a TVE y fin de toda subvención, 1.600 millones. Traspaso inmediato de las políticas activas de empleo, entregados por Zapatero a UGT, CCOO y CEOE con un coste de 2.500 millones, dado que pueden ser realizadas mucho mejor por funcionarios de los que sobran a decenas de miles. Cero subvenciones a los titiriteros, quienes, una vez anulado el canon digital, con el que nos robaban 600 millones de euros, ahora lo van a recibir de los impuestos gracias a la Ley Sinde, que ni el PSOE se atrevió a aprobar. Subtotal, 6.000 millones.
Y ahora, Don Mariano, a ver si tiene el cuajo y la vergüenza torera de explicar a sus votantes de clase media que es mucho más importante mantener abiertas televisiones para cantar las glorias de los barones autonómicos que no subir los impuestos. A ver si les explica que es mucho más importante prohibir la publicidad a TVE en favor de T5 y Antena que impedir que paguen más impuestos. O que es necesario subvencionar con 2.500 millones a unos sindicalistas que representan a menos del 10% de los trabajadores. Me temo que, al igual que su amigo Zapatero, Rajoy piensa que somos imbéciles. Y lo peor es que, probablemente, tiene razón.
Los recortes de gasto se han cifrado en un total de 8.900 millones (entre congelación salarial y recortes de gasto necesario) mientras se mantienen miles de coches oficiales, empezando por los de los concejales de las grandes ciudades, algo que no sucede en el resto del planeta. Ahora, en lugar de eliminarlos, los van a sustituir por otros de menor gama, un camelo que además cuesta más que mantener los antiguos. Cabe recordar también las embajadas, un total de 180 sin justificación alguna. O los 300.000 teléfonos móviles. Y lo más importante: las 5.000 empresas públicas, inútiles en un 90% y sin ánimo de cambiar.
Insuficiencia manifiesta
Curiosamente, lo que más ha alarmado a los mercados, a quienes la injusticia en el recorte importa un bledo, ha sido el incumplimiento del déficit en un 8%, el doble del de Italia o Portugal. ¿Qué pasará en 2012? Pues que la reducción del déficit al 4,4% comprometida con Bruselas requiere, como mínimo, un recorte adicional de otros 20.000 millones, ya que la base de cálculo de un incremento del PIB del 2,3 % de Zapatero era ciencia ficción, y el consenso del mercado antes de los recortes era de una caída del 2,1%. Sin embargo, ocurre que la tremenda deflación que generarán las medidas propuestas, y las que se tomarán antes de fin de marzo, convierten la caída del 2,1% en una previsión profundamente optimista. Cada punto más de caída incrementará el déficit en 5.000 millones adicionales.
Ahora bien, si Rajoy se ha fumado un puro con su promesa estrella de no subir impuestos, ¿por qué razón no se va a fumar otro puro con el compromiso de déficit? Zapatero lo ha incumplido reiteradamente, ha hundido a España, ha enfrentado a los españoles, ha aprobado un Estatut que destruye la unidad de la nación y ha legalizado a una banda de asesinos sin haber entregado las armas ni renunciado a la lucha armada. Rajoy no llega a tanto, pero no tenía ningún plan, excepto el de llegar al poder. A todo lo anterior sumen la subida en los servicios (agua, gas, transporte y electricidad, que va a ser sonada porque el déficit de tarifa supera ya los 20.000 millones). La mayoría de los ciudadanos no es todavía consciente de la dimensión de la recesión que se avecina. Como decía Keynes, “cuando se supera lo previsto, ocurre lo imprevisto”.
Nunca creí que pudiera suceder. Rajoy, el que siempre diría la verdad a los ciudadanos, engaña desde su primer día de gobierno a los españoles en general y a sus votantes en particular. Ha puesto en marcha una política económica izquierdista, propia de su amigo Zapatero, al mantener el despilfarro público, financiado con un hachazo brutal a la renta y el ahorro de las familias. Ese no es el esfuerzo colectivo que proclaman hoy las plumas mercenarias; es un expolio en toda regla.
El nuevo presidente ha decidido mantener casi intacto el tamaño de un modelo de Estado imposible de financiar y corrupto hasta la médula, a costa de aplastar el sector privado de la economía, el único que podría sacarnos de la crisis, mientras los inversores internacionales han sacado de España 100.000 millones de euros en 2011, el 10% del PIB.
Y esto es solo el aperitivo. Las medidas tomadas el viernes solo suponen una reducción bruta del déficit de 14.900 millones -la neta es casi nula, restando a éste recorte el incremento de 13.500 millones que ha puesto en marcha-, 6.000 millones de incremento de la presión fiscal sobre la clase media, que paga ya los impuestos más altos de Europa -hasta el 51% en el IRPF y el 40% las rentas superiores as 30.000 euros, gravadas con un 30% en la mayoría de países hasta los 43.000 euros- y un recorte de gasto de 8.900 millones, recorte de gasto necesario. Cero del despilfarro. ¿Y qué ocurre ahora? Además de colocar un torpedo en la línea de flotación de la salida de la crisis gravando brutalmente renta y ahorro, debe recortar 40.000 millones de euros más de aquí a final de marzo si es que quiere reducir el déficit 2012 al 4,4% del PIB.
La reducción del déficit al 4,4% comprometida con Bruselas requiere un recorte adicional de otros 20.000 millones, ya que la base de cálculo de un incremento del PIB del 2,3% de Zapatero era ciencia ficción, y el consenso del mercado antes de los recortes era de una caída del 2,1%
¿De dónde va a salir tan ingente cantidad de dinero? Pues de nuestros bolsillos, gravando más aún la renta y el ahorro, subiendo el IVA, los impuestos especiales, el Patrimonio y todo lo que sea menester, porque la casta política no está dispuesta a renunciar a uno solo de sus privilegios aunque desaparezca la clase media y se hunda España. Durante años, y hasta hace solo diez días, Rajoy ha venido proclamando urbi et orbi que en cuanto llegara al poder bajaría los impuestos, porque era la única forma de crear empleo y de recuperar el crecimiento. No ha esperado ni un solo segundo para hacer todo lo contrario. Ni siquiera Rubalcaba lo hubiera hecho peor. No sé la cara que se le habrá quedado a sus votantes, que son además sobre los recaerá el grueso del ajuste, pero deben estar jurando en arameo.
Asimismo, la explicación que nos ha dado Soraya Sáenz de Santamaría es una burla a todos los españoles. Miente al afirmar que “nos hemos encontrado con una situación extraordinaria y no prevista”. ¿Cómo no sabían que el déficit público 2011 sería del 8% o más en lugar de la ficción del 6%? Lo sabían todos los analistas, servidor lo ha dicho en esta columna desde hace meses por activa y por pasiva. Montoro me lo dijo ya en el mes de septiembre, así que ¿por qué mienten con esa desfachatez?
Mención aparte merecen las previsiones de crecimiento de 2012. ¿Es posible que el PP se haya creído que íbamos a crecer un 2,3% en lugar del -2,1% que estima el consenso del mercado?, ¿no había asegurado que nunca se faltaría a la verdad?
Una injusticia flagrante
Es incomprensible, es una injusticia flagrante, que existiendo duplicidades entre las distintas administraciones (que suponen un despilfarro anual de 34.000 millones de euros) éstas se mantengan intactas mientras se suben impuestos y se recortan salarios y gastos necesarios. ¿Cuál es la razón de este disparate histórico? Muy sencillo: estas duplicidades dan trabajo, perfectamente inútil, a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios de la casta política y, en consecuencia, ni el PP, ni el PSOE ni los nacionalistas están dispuestas a renunciar a ello. A tamaña sinrazón se suma el hecho de que los primeros ejecutivos de las cajas que han recibido miles de millones de dinero público, que ni han devuelto ni pueden devolver, se han llevado 80 millones de euros en 2011, algunos más de 10 millones. El colmo.
El recorte de déficit anunciado supone un incremento de impuestos de 6.000 millones que recaen íntegramente sobre la clase media, un incumplimiento tan flagrante como innecesario de su promesa electoral estrella. Flagrante porque, como he explicado, conocían de sobra la realidad y se la han ocultado a los españoles al igual que los socialistas e innecesario porque era sencillísimo sacarlos de otra parte. Por ejemplo: cierre inmediato de todas la TV autonómicas y locales en pérdidas, 1.300 millones. Autorización inmediata de emitir publicidad a TVE y fin de toda subvención, 1.600 millones. Traspaso inmediato de las políticas activas de empleo, entregados por Zapatero a UGT, CCOO y CEOE con un coste de 2.500 millones, dado que pueden ser realizadas mucho mejor por funcionarios de los que sobran a decenas de miles. Cero subvenciones a los titiriteros, quienes, una vez anulado el canon digital, con el que nos robaban 600 millones de euros, ahora lo van a recibir de los impuestos gracias a la Ley Sinde, que ni el PSOE se atrevió a aprobar. Subtotal, 6.000 millones.
Y ahora, Don Mariano, a ver si tiene el cuajo y la vergüenza torera de explicar a sus votantes de clase media que es mucho más importante mantener abiertas televisiones para cantar las glorias de los barones autonómicos que no subir los impuestos. A ver si les explica que es mucho más importante prohibir la publicidad a TVE en favor de T5 y Antena que impedir que paguen más impuestos. O que es necesario subvencionar con 2.500 millones a unos sindicalistas que representan a menos del 10% de los trabajadores. Me temo que, al igual que su amigo Zapatero, Rajoy piensa que somos imbéciles. Y lo peor es que, probablemente, tiene razón.
Los recortes de gasto se han cifrado en un total de 8.900 millones (entre congelación salarial y recortes de gasto necesario) mientras se mantienen miles de coches oficiales, empezando por los de los concejales de las grandes ciudades, algo que no sucede en el resto del planeta. Ahora, en lugar de eliminarlos, los van a sustituir por otros de menor gama, un camelo que además cuesta más que mantener los antiguos. Cabe recordar también las embajadas, un total de 180 sin justificación alguna. O los 300.000 teléfonos móviles. Y lo más importante: las 5.000 empresas públicas, inútiles en un 90% y sin ánimo de cambiar.
Insuficiencia manifiesta
Curiosamente, lo que más ha alarmado a los mercados, a quienes la injusticia en el recorte importa un bledo, ha sido el incumplimiento del déficit en un 8%, el doble del de Italia o Portugal. ¿Qué pasará en 2012? Pues que la reducción del déficit al 4,4% comprometida con Bruselas requiere, como mínimo, un recorte adicional de otros 20.000 millones, ya que la base de cálculo de un incremento del PIB del 2,3 % de Zapatero era ciencia ficción, y el consenso del mercado antes de los recortes era de una caída del 2,1%. Sin embargo, ocurre que la tremenda deflación que generarán las medidas propuestas, y las que se tomarán antes de fin de marzo, convierten la caída del 2,1% en una previsión profundamente optimista. Cada punto más de caída incrementará el déficit en 5.000 millones adicionales.
Ahora bien, si Rajoy se ha fumado un puro con su promesa estrella de no subir impuestos, ¿por qué razón no se va a fumar otro puro con el compromiso de déficit? Zapatero lo ha incumplido reiteradamente, ha hundido a España, ha enfrentado a los españoles, ha aprobado un Estatut que destruye la unidad de la nación y ha legalizado a una banda de asesinos sin haber entregado las armas ni renunciado a la lucha armada. Rajoy no llega a tanto, pero no tenía ningún plan, excepto el de llegar al poder. A todo lo anterior sumen la subida en los servicios (agua, gas, transporte y electricidad, que va a ser sonada porque el déficit de tarifa supera ya los 20.000 millones). La mayoría de los ciudadanos no es todavía consciente de la dimensión de la recesión que se avecina. Como decía Keynes, “cuando se supera lo previsto, ocurre lo imprevisto”.
75 años sin Unamuno
domingo, 15 de enero de 2012
Querían aprender y hablar castellano
Mientras en América la Corona española extendía su imperio de fe, en Europa se multiplicaba el prestigio, la utilidad y la necesidad de la lengua castellana. Las circunstancias políticas, históricas y sociales fueron facilitando su extensión como lengua de la Administración y lengua de cultura, que todos querían conocer y deseaban utilizar. Si en Portugal Camoens y el dramaturgo Gil Vicente escriben una parte considerable de su obra en castellano (incluso este último ensaya un híbrido que denomina "algarabía luso-hispana"), no puede soprender que suceda en la propia España. A lo largo de los siglos XVI y XVII los miembros de la nobleza catalana y de la burguesía incipiente querían aprender y hablar castellano, algo muy importante si se tiene en cuenta que los hábitos lingüísticos de las clases altas suelen marcar la pauta para el resto.
Lenguas en guerra, IRENE LOZANO
jueves, 12 de enero de 2012
Banalizar el perdón
La opinión de Martín Prieto en La Razón.
El único personaje del mundo etarra que pidió perdón por sus crímenes es un monje que profesa en un convento en Iparralde. Espantado de sus actos, no tuvo que hablar con nadie ni explicar nada para aliviar su contrición en una regla monástica. Decía Churchill que las condecoraciones nunca se piden, nunca se rechazan y nunca se exhiben. El perdón, que habita los esquinazos más recónditos de la conciencia humana, debería seguir el mismo protocolo. Mi casa de Buenos Aires está en el barrio del Abasto, donde nació Carlos Gardel, tomado por sinagogas y judíos ultraortodoxos, con sus sombreros, barbas, trencitas y ropones negros. Conversaba con mis vecinos sobre lo suyo por antonomasia, la Soah, y me explicaron que no esperaban ninguna satisfacción de los nazis ni nada tenían que perdonar quienes fueren limpios de corazón. Con el universo etarra nos hemos equivocado teológicamente exigiéndoles una petición de perdón a sus víctimas. El perdón se siente, no se solicita (gran escenario para farsantes e hipócritas) y el victimado está obligado a perdonar a su vez al ofensor. Tanta búsqueda del perdón universal conduce al último aquelarre del abertzalismo que, juntacadáveres, engloba a los asesinos, a los asesinados y hasta a las víctimas de eso que llamamos impropiamente «violencia de género». A este coro de cantamañanas sólo les ha faltado piar contra el maltrato animal y los perros abandonados. Todo es violencia, sí, especialmente algunos textos del radical-nacionalismo. Si en 30 años no hemos necesitado que nos perdonen la vida, no vamos ahora a agradecerles unas palabras de arrepentimiento sólo necesarias para ellos mismos y su lavatorio de sangre ajena. Ni los reinsertados como Soares Gamboa admiten estar arrepentidos. Para los encarcelados pedir perdón es la forma que tiene la llave de la celda.
Bombones de arsénico
La opinión de Victoria Prego en El Mundo.
Siempre hacen lo mismo los terroristas y quienes les secundan. Lo hacen con cada cambio de Gobierno: el lobo le enseña al recién llegado por debajo de la puerta la pata de cordero y espera a que el incauto del otro lado se trague el anzuelo y acabe cayendo en sus fauces. Cuando Zapatero ganó las elecciones en 2004 le enviaron al poco una carta en la que le decían que él estaba destinado a ser el Gran Pacificador de España. Sólo tenía que creerse que ETA estaba dispuesta a renunciar a las armas sin condiciones y que sus delegados en la vida política, Otegi y otros, eran en realidad unos apóstoles de la paz.
El presidente del Gobierno cayó en la trampa y así fue como, tragando y tragando y volviendo a tragar, llegamos hasta las conversaciones de Loyola en las que todas y cada una de las exigencias eternas de la banda terrorista fueron puestas sobre la mesa. Se negoció todo lo que ETA quería. Y claro que aquello fracasó: ni siquiera aquel Gobierno, tan bien dispuesto a ofrecer antes que a exigir, estaba capacitado para aceptar someterse al nivel del chantaje que se le requería.
Y ahora los proetarras están intentando dorar la píldora a los demócratas, especialmente al Gobierno del PP, un partido al que ni siquiera en la campaña electoral llegaron a acusar de lo que el PNV y hasta el PSOE le acusaron: de constituir una potencial amenaza para la paz. Ayer salieron con esta especie de pésame a los familiares de «todas las víctimas, sin excepción», en una declaración de intenciones que, si nos fijamos con detalle, es en realidad un bombón relleno de arsénico. Y lo es porque, entre tanta disposición de reparar el daño causado y tanta voluntad por «cicatrizar las heridas abiertas», se cuela la eterna versión que los terroristas y sus apoyos siguen dando de estos 50 años de asesinatos: la existencia en el País Vasco de un «conflicto político» que ha provocado un «conflicto armado». Nada nuevo, pues, bajo el sol. Aquí lo que hay es una estrategia distinta para cumplir un programa idéntico. Y ése es precisamente el peligro: que muchos no se van a fijar -o, por razones distintas, no se van a querer fijar- en lo que hay bajo la pata del cordero.
Unos no van a querer verlo porque están agotados. Otros no van a querer verlo porque necesitan justificar su desastrosa y fracasada apuesta por la negociación política con la banda. En el primer caso, el de los agotados, está la mayoría de la sociedad vasca que ya no desea otra cosa que ésta que empieza a tener ahora: tranquilidad. El mero hecho de que los terroristas no asesinen supone un mundo para quienes han vivido sometidos al miedo durante toda su vida. También es un mundo para los demás demócratas. En esto sí vamos ganando. En lo demás vamos perdiendo, y habrá que tener mucho cuidado para no llegar demasiado tarde a esta conclusión.
Y el riesgo ahora mismo es grande. Si, además de la instalación de la tranquilidad y la ausencia de miedo, los ciudadanos ven cómo los mismos individuos que hace nada amenazaban a cara descubierta a todo aquél que se enfrentara a la dictadura del terror empiezan ahora a decir que quieren reparar el dolor causado, es del todo comprensible que acepten de buena gana la mano tendida. Y pueden empezar a creer que, de verdad, los que hoy siguen negándose a condenar a ETA van aceptando su error y van entrando por la senda de la legalidad y la decencia política.
Lo que sucede es que esa simple esperanza en el ánimo de los demócratas resulta ser un paso gigantesco para la estrategia de los radicales. Les permite ablandar la resistencia y el rechazo de la opinión pública y, sobre todo, obtener una cierta mayor respetabilidad ante sus potenciales votantes en lo que es su gran objetivo, su máxima apuesta: las próximas elecciones autonómicas vascas.
Ésta es la cuestión: que estamos asistiendo a la exhibición de un buenismo insólito que busca prestigiar la opción proetarra ante los votantes vascos. Al mismo tiempo, se intenta colocar al Gobierno ante un duro dilema: rechazar la rama de olivo que se le tiende ante la vista de todos y convencer a quienes observan la escena de que eso que parece una rama de olivo es, en realidad, la mecha de una carga de dinamita política.
Nunca se vio, por ejemplo, una reacción tan angelical como la de Amaiur, un partido al que la Mesa del Congreso ha negado la posibilidad de formar grupo propio. Ninguno de los grupos parlamentarios que han pasado por la Cámara y se han visto perjudicados en sus intereses por decisiones de la Mesa se ha portado nunca así. «Lo que pasa es que el PP no se ha acostumbrado todavía al nuevo escenario vasco» vino a decir, comprensivo y bondadoso, el diputado Errekondo. Compárese eso con lo dicho por Rosa Díez en los días precedentes para comprender que en lo de Amaiur hay gato encerrado. «Es que ahora están dedicados al blanqueo de su mercancía», diagnostica un diputadovasco.
Ardua tarea, por tanto, la del nuevo Gobierno y la de su presidente, Mariano Rajoy, que mañana mismo va a empezar a fajarse en esta tarea. Porque mañana en el Congreso de los Diputados no sólo se va a hablar de economía. El PNV va a pedir con toda seguridad a Rajoy que haga realidad lo que las organizaciones de apoyo a los presos etarras dan ya por hecho: la excarcelación de los condenados por terrorismo. Y ya veremos si el PSOE no trata de amortizar en su favor el anuncio de la banda de renunciar a los asesinatos y no emplaza al nuevo presidente del Gobierno a no «estropear» lo logrado manteniendo posiciones de dureza que, dirán muchos, no harán sino proporcionar argumentos victimistas a los radicales y favorecer sus posiciones. «A partir de ahora va a haber mucho tonto útil que le va a facilitar el trabajo a esta gente» pronostica este diputado vasco.
El debate de investidura que empieza mañana será la primera ocasión en que se midan las dos interpretaciones de esta nueva estrategia política del mundo proetarra. Lo que ya se ha comprobado es que desde la izquierda próxima al PSOE se apuesta claramente por aceptar como regalo la mecha de la carga de dinamita política y colgarla en el balcón del Congreso como si fuera una auténtica rama de olivo. Detrás de esa posición está la esperanza de que, de verdad, los radicales estén avanzando hacia un escenario de paz y de concordia. Pero la experiencia demuestra que en este asunto resulta muy peligroso trabajar a base de deseos. Mejor será amarrarse firmemente a los hechos y actuar después de haberlos contrastado. No vaya a ser que después de las autonómicas vascas nos encontremos con un plan Ibarretxe en su versión más virulenta y con el respaldo, además, de una aplastante mayoría de votantes que se hayan tragado los bombones pensando que los buenos son los batasunos y los malos, los demás.
miércoles, 11 de enero de 2012
Ética. estética y política en sede parlamentaria
La opinión de Carlos Martínez Gorriarán en su blog.
Seguramente muchos lectores conocerán ese vademécum paródico de la política que es la genial película de Monty Python llamada La Vida de Brian. Acaba con una escena redonda en la que un grupo de patriotas judíos aparecen para liberar a un grupo de crucificados por los pérfidos romanos. Son la última esperanza de los supliciados y los romanos, cuando les ven llegar, echan a correr abandonando el campo. Pero, sin embargo, los guerrilleros del Frente del Pueblo Judaico sacan sus espadas y se suicidan para demostrar su voluntad de resistencia indomable al invasor romano, desentendiéndose de los condenados a la cruz. Aquí tienen la escena.
Con esta brillante parodia los irreverentes cómicos británicos se desternillaban de esos hiperidealistas de la política revolucionaria que, en el nombre de la ética más inmarcesible, se condenan a sí mismos al suicidio porque cualquier otra acción sería incompatible con su principio fundamentalista de no aceptar ningún tipo de contaminación política. Incluso la liberación de los crucificados podría conducir a enojosos compromisos que los kamikazes del Frente del Pueblo Judaico eludían con elegancia inmolándose para que sus “principios” permanecieran al margen de cualquier peligro de transacción.
En otro orden más serio de reflexiones, Max Weber desarrolló su famosa distinción entre la ética de los principios y de la responsabilidad: ambas son elecciones éticas a las que no sólo los políticos, sino cualquier persona que toma decisiones –desde ejecutivos de empresas a padres de familia que educan a sus hijos-, se enfrenta a menudo: elegir entre una actuación responsable, y por tanto atenta a las consecuencias de su elección, u optar por los principios desentendiéndose de éstas. Lo más perspicaz del análisis de Weber es dejar sentado que ambas opciones son impecablemente éticas, sólo que una se preocupa de las consecuencias y la otra sólo de los principios en juego. Esto puede chocar, pero desarrollando el análisis weberiano es fácil darse cuenta de que hay problemas asociados a la acción y a la elección que van más allá de la ética. O por decirlo de otro modo: no todo comienza y acaba en la ética. Percatarse de esto no es precisamente inmoral, sino el marco axiológico y pragmático que da verdadero significado a las convicciones éticas. Por ejemplo, que las convicciones éticas no pueden ser coartadas para la pasividad ante el mal (lo que se ha venido a llamar “buenismo”). Esto tiene importantes consecuencias políticas, pero parémonos antes un momento en la estética.
Ética y estética son conceptos o nociones emparentadas, pero diferentes. Lo malo es que hay cierta confusión posmoderna al respecto y es corriente encontrar personas que confunden ambas: consideran inmoral o no ético lo que rechazan por razones estéticas. Por ejemplo, que UPyD se haya asociado de modo instrumental con el FAC para asegurar el Grupo Parlamentario que el PP pretendía negarnos para, con la excusa de la “igualdad de trato”, negárselo a Amaiur (o lo contrario, que era algo perfectamente posible y muy verosímil). Personas que, como no les gusta nada la imagen del FAC, no quieren aparecer asociados en modo alguno con ese partido. Consideran que eso contamina los principios de quien lo haga, como si la asociación contaminara de modo automático y privara de ética a los asociados. Si fuera así, todos los diputados del Congreso estaríamos contaminados en nuestros principios por los principios rivales de los demás diputados con los que estamos voluntariamente asociados en el Parlamento (no por “imperativo legal”, como dicen los fariseos nacionalistas, sino porque nos da la gana y nos han elegido para hacerlo). Si un diputado no puede asociarse con otro cuyas ideas o identidad parezcan “feas”, olvidémonos del parlamentarismo y, de rebote, de la democracia. Como eso no es deseable, hagamos más bien otra cosa: dejemos de contaminar la ética con prejuicios estéticos. Es aconsejable leer a Kant para esto, porque dejó sentada la máxima ética de que no es legítimo usar al otro como un medio: debemos ver a los demás seres humanos como fines autónomos, no como instrumentos para los nuestros privados. Así que dejemos de reducir la política a la ética, porque es otra cosa. Vamos a eso.
La política tiene sin duda exigencias éticas y base ética, pues sin reflexión moral es muy difícil desarrollar una política entendida como “cosa pública” e interés general. Es decir, la clase de política que en general llamamos democracia. Porque la democracia parte del principio de que la comunidad política está formada por iguales, pero esa idea sólo tiene sentido a partir de una ética de la igualdad de o entre ciertas personas (o todas). Lo que los griegos llamaban hómoioi q formaban el demos de una polis. Para esto, nada como Aristóteles y su idea de que la naturaleza humana integral es inseparable de su pertenencia a una comunidad política como zóon politikon (animal político, sin ironía alguna), con el debido fundamento lógico de la idea ético-política de igualdad. El mismo Aristóteles distinguió magistralmente el ámbito de la ética del de la política: emparentadas, pero distintas (como la ética y la estética).
A diferencia de la ética, que ante todo pertenece al ámbito personal del yo, la política es el ámbito del nosotros, la cosa de todos o Res publica de los romanos. La política busca soluciones para asuntos a los que la ética no llega (y viceversa). Reducir la política a decisiones meramente éticas (o aparentemente éticas) es un error comparable a confundir, por ejemplo, la ciencia con la tecnología o la nutrición con la gastronomía. Ni hacer telescopios es astronomía, aunque hagan falta para hacerla, ni la proporción de lípidos aconsejable es una receta de cocina. Sólo cuando se ignora esta diferencia de niveles o ámbitos se llega a la conclusión de que acciones indispensables en política, tales como pactar, acordar o negociar, y no sólo con los iguales a ti en ideas sino con los rivales, son acciones “carentes de ética”. O si se rechaza que hay una ética de los principios y una ética de las consecuencias o de la responsabilidad en relación conflictiva.
Empeñarse en hacer una política reducida a gestos éticos –o que parezcan que lo son, siendo más bien estéticos- es condenarse a la irresponsabilidad y a la parálisis. No, estamos en política para hacer política, es decir, para hacer progresar nuestro proyecto político contra viento y marea. Y eso exige hacer cosas tan políticas como maniobrar, acordar, prever, negociar, calcular y tener sentido de la oportunidad (que sólo un moralista apolítico consideraría oportunismo), o comerte un sapo de vez en cuando como el que nos ha servido el PP con su indecente equiparacion burocrática de UPyD y Amaiur. Para hacer política con mayúscula en el Congreso, UPyD ha tenido que asociar temporalmente a un diputado (tan diputado como nosotros) del FAC, un partido con el que tenemos tan poco que ver como con los demás del Congreso. Quien rechace esta asociación por “falta de coherencia” o “inmoralidad” estará confundiendo estética con ética, y ésta con política, o sencillamente desea que fracase nuestro proyecto político.
Coda final: a Churchill, fervoroso anticomunista, le reprocharon durante la guerra mundial la alianza con Stalin y los discursos a favor del pueblo ruso y la resistencia soviética. Sus detractores decían que eso era incoherente, traición a sus principios y cosas peores. Churchill respondió asegurando que si Hitler invadiera el infierno él haría un discurso en los Comunes a favor del diablo. De eso se trata, exactamente.
martes, 10 de enero de 2012
Iguales ante la ley
La opinión de Rosa Díez en su blog.
Hemos explicado en numerosas ocasiones los efectos perniciosos sobre la democracia de una Ley Electoral que consagra la desigualdad del voto entre los ciudadanos. La ley actual, cuyos antecedentes hay que situar en las postrimerías del franquismo, no sólo es injusta por los efectos que provoca a la hora de atribuir representantes a los distintos partidos políticos. Es sobre todo injusta porque vulnera un principio democrático básico: que los ciudadanos han de ser tratados por las leyes en condiciones de igualdad. Y nada más contradictorio con ese principio que un sistema electoral que se rige por un principio que devalúa el voto de todo ciudadano que comete la osadía de elegir las candidaturas de un partido político que no es ni PP ni PSOE ni nacionalista.
Es por eso que para UPyD la reforma de la Ley Electoral es una asignatura pendiente de la democracia. Esta semana se constituirán las Cortes, se elegirá la Mesa, prometeremos o juraremos nuestros cargos como Diputados y la X Legislatura iniciará su trabajo. Nuestro partido presentará inmediatamente una serie de iniciativas que tienen que ver con las tres áreas troncales de nuestro compromiso con los ciudadanos: regeneración democrática, políticas económicas y políticas sociales para garantizar la cohesión y la equidad entre todos los españoles.
Pero antes de empezar tendremos que afrontar y vencer un nuevo escollo: la constitución del Grupo Parlamentario de UPyD. Para que todo el mundo lo entienda, la diferencia entre tener grupo propio o formar parte del Mixto radica en la capacidad y autonomía de trabajo que te da una opción u otra. A la hora de presentar y defender iniciativas los grupos tienen su propio cupo; dentro del Mixto (que tiene un cupo) hay que repartirse a su vez ese turno ente los partidos que lo componen; así que dependiendo del número de diputados que formen parte del Mixto te puede tocar defender una iniciativa legislativa en un periodo de sesiones, o en uno y medio, o en dos… según. O interpelar al Gobierno. O intervenir en el Pleno… O sea, el Grupo Parlamentario es un instrumento de trabajo para defender en mejores condiciones el proyecto que una opción política representa en la Cámara. Es un instrumento al servicio de los ciudadanos, para cumplir la tarea que nos han encomendado, aquella por y para la que somos diputados.
Si nos quitan ese instrumento, si no nos reconocen el derecho (un millón ciento cuarenta y tres mil doscientos veinticinco votos, ciento cincuenta mil más que CIU, casi cuatro veces más que el PNV…) estarán castigando dos veces a quienes tuvieron la osadía de votar el proyecto y las candidaturas de UPyD. Si no nos reconocen ese derecho (habiendo, como hay, todo tipo de precedentes en los treinta años de democracia y de aplicación del Reglamento de la Cámara) nos estarían penalizando dos veces: la primera con la Ley Electoral; la segunda con una interpretación del Reglamento hecha ex profeso para privarnos de un instrumento fundamental para el desarrollo de nuestra tarea. Sería como condenarnos dos veces (a nosotros y sobre todo a los ciudadanos que nos votaron) por el mismo “delito”: haber elegido votar a un partido nacional que no es ni PSOE ni PP.
El Reglamento de la Cámara no tiene otro objeto que dar a los diputados instrumentos para desarrollar su tarea en condiciones de igualdad con sus correligionarios. Facilitar el trabajo de los diputados es responder al mandato constitucional de garantizar y facilitar la tarea de representación política de los cargos electos. No podría entender que la mayoría de la Mesa, el Partido Popular, obstaculizara el trabajo de un partido político que ha sido colocado por los ciudadanos como la cuarta fuerza política en número de votos. No podría entender que se constituyeran, a la vez, grupos parlamentarios con poco más de trescientos mil votos, poco más de la cuarta parte de los que tiene UPyD. Y menos aún podría entender que alguien quisiera utilizar la situación de Amaiur (que tendrá grupo, sí o sí, pues le basta con formarlo los seis del País Vasco, que tienen más del quince por ciento y sumar a partir de enero, nuevo periodo de sesiones, al séptimo electo por Navarra que pasaría unos días en el Mixto) para aplicar a UPyD la lectura más estricta y literal del reglamento, sin tener en cuenta ni los reiterados precedentes ni el espíritu y objetivo de la Ley.
En fin, que falta poco para saber cómo actuará la nueva mayoría. Espero que lo haga aplicando la ley en coherencia con su espíritu y con el objetivo constitucional de garantizar la igualdad a la hora de elegir y ser elegidos, y que corrija con la aplicación del Reglamento la penalización que la Ley Electoral ha inflingido a UPyD y a sus votantes. Será lo legal y será lo justo.
Veremos. En todo caso, sepan nuestros votantes que no renunciaremos a nuestro derecho a representarles en las mejores condiciones.
lunes, 9 de enero de 2012
Las ocho mil Españas
La opinión de José Antonio Martín Pallín en El País.
Un reportaje de este periódico sobre la fragmentación municipal ha puesto de manifiesto que los integristas unitarios que repudian las señas de identidad de determinadas nacionalidades, fundamentalmente las de Cataluña y Euskadi, defienden numantinamente los vínculos emocionales con su pueblo natal negándose a reconsiderar la disparatada división de España en 8.114 municipios.
Los expertos en Derecho Administrativo señalan que nos enfrentamos a una realidad absolutamente irracional, ineficaz y costosa. No alcanzo a comprender cómo se puede hacer ostentación del rechazo a los signos identitarios de las nacionalidades y, al mismo tiempo, considerar intocables sus fragmentados territorios municipales. La consecuencia lógica es que el bienestar está insatisfactoriamente cubierto por entidades municipales atomizadas y con arcas paupérrimas, que frustran la gestión racional del territorio y el bien vivir de sus habitantes.
Cuando se plantea la necesidad, más acuciante en tiempos de crisis, de agrupar municipios para mejorar sus prestaciones, no entiendo a los dirigentes políticos que declaran públicamente que plantear la supresión de municipios "es ofender a los ciudadanos y crear problemas". Admito que la tarea es problemática, pero de ninguna manera puede constituir una ofensa para los ciudadanos afectados. Otros políticos despachan la cuestión acudiendo a metáforas inmovilistas demasiado manidas: sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles.
En una sociedad democrática los políticos deben afrontar los problemas en lugar de eludirlos y dilatarlos eternamente.
En el reportaje al que me refería al principio, un profesor de Derecho Administrativo manifestaba: "Evidentemente, sobran municipios. Es imposible que municipios con 80 personas o menos puedan prestar servicios de calidad". No obstante, reconocemos que se necesita una fuerte voluntad política y que es posible que resulten afectados sentimientos y nostalgias.
En el trabajo periodístico se citaba un caso que podría figurar en el imaginario de una España berlanguiana. La alcaldesa de un pequeño pueblo estaba orgullosa de haberse independizado de otro, no mucho más extenso, porque este empleaba los impuestos en su territorio. Conseguida la secesión, presumía de tener su propio pabellón deportivo y su biblioteca municipal. ¿Era imposible compartir ambas instalaciones? No me parece una buena política colocar un pabellón deportivo al lado de cada encina.
Los pequeños Ayuntamientos manejan competencias y prestaciones que deben plantearse desde una perspectiva supramunicipal, como la planificación urbanística. Por encima de la autonomía municipal está la ordenación del territorio. Se trata de un interés general que potencia el Derecho Administrativo y protege el Derecho Penal. La Ley de Bases de Régimen Local confiere al Estado la potestad de "establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales".
En el súmmum del surrealismo, el alcalde de San Sebastián de los Reyes ha llegado a afirmar que Alcobendas tiene una cultura diferente, por lo que carece de sentido hablar de unificación. Interesante trabajo para un sociólogo: encontrar los rasgos diferenciales entre los habitantes de estas dos localidades.
Las consecuencias colaterales de esta fragmentación no pueden ser ignoradas. Los ciudadanos españoles deben saber que en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior están inscritos más de 1.000 formaciones a la espera de las elecciones municipales. Solo pretenden obtener un puesto para negociar su voto con el partido que lo necesite, a cambio de la Concejalía de Urbanismo. Las bases de la corrupción urbanística están servidas.
La autonomía municipal en materia urbanística es nefasta y destructiva. Atenta contra el desarrollo sostenible y olvida que lo prioritario es la ordenación racional del territorio. Desde la perspectiva medioambiental resulta insostenible. Si se han creado mancomunidades para gestionar las basuras y residuos, ¿por qué no unificar y concentrar toda la actividad municipal de forma más eficiente y rentable?
La fragmentación municipal genera una innecesaria proliferación de cargos técnicos y de personal administrativo. Apelar a los sentimientos identitarios y esgrimir que afrontar la irracionalidad crearía problemas, es tanto como renunciar a la política democrática. La Constitución exige a los poderes públicos la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico que incluye nada menos que la salud y la educación.
Hace ya unos años, un divertido anuncio publicitario enfrentaba a dos municipios, Villarriba y Villabajo, con motivo de sus fiestas patronales. Cada uno cocinaba el arroz por separado. A la hora de lavar la paella, los de Arriba, al parecer más avispados, utilizaban un mágico detergente que, en unos minutos, les permitía comenzar el baile antes que los de Abajo, que manejaban utensilios más ineficaces. ¿No hubiera sido más sensato compartir la paella y que se encargase de comprar el detergente un solo municipio, por ejemplo Villaenmedio?
Un reportaje de este periódico sobre la fragmentación municipal ha puesto de manifiesto que los integristas unitarios que repudian las señas de identidad de determinadas nacionalidades, fundamentalmente las de Cataluña y Euskadi, defienden numantinamente los vínculos emocionales con su pueblo natal negándose a reconsiderar la disparatada división de España en 8.114 municipios.
Los expertos en Derecho Administrativo señalan que nos enfrentamos a una realidad absolutamente irracional, ineficaz y costosa. No alcanzo a comprender cómo se puede hacer ostentación del rechazo a los signos identitarios de las nacionalidades y, al mismo tiempo, considerar intocables sus fragmentados territorios municipales. La consecuencia lógica es que el bienestar está insatisfactoriamente cubierto por entidades municipales atomizadas y con arcas paupérrimas, que frustran la gestión racional del territorio y el bien vivir de sus habitantes.
Cuando se plantea la necesidad, más acuciante en tiempos de crisis, de agrupar municipios para mejorar sus prestaciones, no entiendo a los dirigentes políticos que declaran públicamente que plantear la supresión de municipios "es ofender a los ciudadanos y crear problemas". Admito que la tarea es problemática, pero de ninguna manera puede constituir una ofensa para los ciudadanos afectados. Otros políticos despachan la cuestión acudiendo a metáforas inmovilistas demasiado manidas: sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles.
En una sociedad democrática los políticos deben afrontar los problemas en lugar de eludirlos y dilatarlos eternamente.
En el reportaje al que me refería al principio, un profesor de Derecho Administrativo manifestaba: "Evidentemente, sobran municipios. Es imposible que municipios con 80 personas o menos puedan prestar servicios de calidad". No obstante, reconocemos que se necesita una fuerte voluntad política y que es posible que resulten afectados sentimientos y nostalgias.
En el trabajo periodístico se citaba un caso que podría figurar en el imaginario de una España berlanguiana. La alcaldesa de un pequeño pueblo estaba orgullosa de haberse independizado de otro, no mucho más extenso, porque este empleaba los impuestos en su territorio. Conseguida la secesión, presumía de tener su propio pabellón deportivo y su biblioteca municipal. ¿Era imposible compartir ambas instalaciones? No me parece una buena política colocar un pabellón deportivo al lado de cada encina.
Los pequeños Ayuntamientos manejan competencias y prestaciones que deben plantearse desde una perspectiva supramunicipal, como la planificación urbanística. Por encima de la autonomía municipal está la ordenación del territorio. Se trata de un interés general que potencia el Derecho Administrativo y protege el Derecho Penal. La Ley de Bases de Régimen Local confiere al Estado la potestad de "establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales".
En el súmmum del surrealismo, el alcalde de San Sebastián de los Reyes ha llegado a afirmar que Alcobendas tiene una cultura diferente, por lo que carece de sentido hablar de unificación. Interesante trabajo para un sociólogo: encontrar los rasgos diferenciales entre los habitantes de estas dos localidades.
Las consecuencias colaterales de esta fragmentación no pueden ser ignoradas. Los ciudadanos españoles deben saber que en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior están inscritos más de 1.000 formaciones a la espera de las elecciones municipales. Solo pretenden obtener un puesto para negociar su voto con el partido que lo necesite, a cambio de la Concejalía de Urbanismo. Las bases de la corrupción urbanística están servidas.
La autonomía municipal en materia urbanística es nefasta y destructiva. Atenta contra el desarrollo sostenible y olvida que lo prioritario es la ordenación racional del territorio. Desde la perspectiva medioambiental resulta insostenible. Si se han creado mancomunidades para gestionar las basuras y residuos, ¿por qué no unificar y concentrar toda la actividad municipal de forma más eficiente y rentable?
La fragmentación municipal genera una innecesaria proliferación de cargos técnicos y de personal administrativo. Apelar a los sentimientos identitarios y esgrimir que afrontar la irracionalidad crearía problemas, es tanto como renunciar a la política democrática. La Constitución exige a los poderes públicos la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico que incluye nada menos que la salud y la educación.
Hace ya unos años, un divertido anuncio publicitario enfrentaba a dos municipios, Villarriba y Villabajo, con motivo de sus fiestas patronales. Cada uno cocinaba el arroz por separado. A la hora de lavar la paella, los de Arriba, al parecer más avispados, utilizaban un mágico detergente que, en unos minutos, les permitía comenzar el baile antes que los de Abajo, que manejaban utensilios más ineficaces. ¿No hubiera sido más sensato compartir la paella y que se encargase de comprar el detergente un solo municipio, por ejemplo Villaenmedio?
Cómplices
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Albert Einstein
Albert Einstein
jueves, 5 de enero de 2012
La traición revelada
La opinión de Rosa Díez en El Mundo.
He dudado mucho antes de sentarme a escribir este artículo porque siento un profundo desasosiego ante la cuestión que voy a abordar.
Nunca se está suficientemente preparado para conocer y reconocer el mal; siempre se abriga una esperanza, aunque sea ligera, de que las cosas no sean tan horribles como aparentan.
Pero llega un momento en que no cabe ya albergar ninguna duda. Es ese momento en el que quien ha hecho el mal se siente impune, presume de sus fechorías e incluso quiere ganar dinero con el relato de las mismas.
El golpe llega cuando el macguffin de la paz deja de ser tal y se convierte en espanto; la bofetada, inmisericorde, golpea cuando lo perpetrado por quienes tienen el encargo de velar por que se cumpla la ley y se haga justicia hacen cosas que serían perseguibles de oficio en cualquier país en el que la separación de poderes fuera algo más que una declaración constitucional.
Pero el shock definitivo se produce cuando ese complot contra el orden instituido se pone en evidencia y nadie reacciona, y no pasa nada.
Hago estas consideraciones tras leer las dos primeras entregas del diario de la negociación entre el Gobierno y ETA escrito en comandita por el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y el periodista de cabecera de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Rodríguez Aizpeolea.
Dos hombres que estuvieron en los pormenores de la traición tantas veces negada y tantas veces consumada por el Gobierno socialista y el PSOE.
Dos hombres que cuentan ahora con todo lujo de detalles lo que hicieron mientras lo desmentían e insultaban de paso a quienes lo denunciábamos y criticábamos; no me sorprende que los que nos vendieron ante ETA quieran vendernos ahora su historia de indignidad y sacar suculentos dividendos con ello.
Pero me asusta la falta de respuesta democrática ante estos hechos; me da más miedo el silencio que la propia traición.
Es, una vez más, el síntoma de una sociedad democráticamente imberbe, falta de cuajo, necesitada de una profunda regeneración. Una sociedad decente no aloja en su seno gobernantes dispuestos a mentir en nombre de una paz que no encierra sino la renuncia a defender los valores democráticos.
En un país que se respete a sí mismo no hay espacio para quienes traicionan los principios democráticos; tampoco lo hay para quienes por cálculo y/o por cobardía callan y otorgan.
El silencio tiene muchas caras. Quizá haya quien calla porque espera repartirse dividendos, aunque se opusiera cuando el proceso de claudicación ante ETA estaba en marcha; otros piensan que el fin justifica los medios, así que si ETA no mata no vale la pena pensar cuál ha sido el precio pagado.
Luego están los que se buscan una coartada para no hablar del asunto, los que prefieren mirar para otro lado mientras se proclaman amantes de la paz.
Son esas gentes que lo único que buscan es que les dejen en paz, seguir con su vida, no comprometerse con nada ni con nadie; son los que prefieren olvidar que centenares de españoles, conciudadanos suyos, arriesgaron y perdieron la vida para defender sus libertades.
Están también los que han llegado a la conclusión de que los enemigos de la paz somos nosotros, los que no estamos dispuestos ni a olvidar ni a callar; nos llaman intransigentes y nos culpan del mantenimiento del conflicto; a veces son los mismos que siempre acompañaron la estrategia de mimetizarse con la bestia para humanizarla; algunos nos odian más que a ETA porque no les dejamos que vivan en paz con su mala conciencia y con su mentira.
La historia de la indignidad de principios del siglo XXI en España tardará tres o cuatro generaciones en escribirse. Hará falta tiempo para que tomemos distancia, para que los protagonistas no se sientan culpables por acción u omisión, para que puedan hablar de ello sin pedir perdón en primera persona.
Y es que la historia de la indignidad tiene algunos nombres propios, pero los protagonistas han hecho su trabajo miserable porque una ingente mayoría de ciudadanos cobardes lo han permitido. Por eso digo que hace falta tiempo para que alguien cuente a nuestros nietos la verdad de este tiempo oscuro; porque quien más y quien menos ha sido cómplice de la felonía.
Sé que mucha gente que me tiene simpatía preferiría que no escribiera sobre estas cosas. Habrá quien me llame exagerada, quien me recrimine la crudeza de los términos que empleo, quien me acuse de no ser objetiva por ser vasca... Pero me consta que hay muchísimas personas que no tienen una tribuna en la que decir lo que piensan y que se encuentran tan aturdidas y avergonzadas ante la traición desvelada como yo; por eso no callaré.
Aunque a nadie represento, no callaré en nombre de los más de 300 crímenes de ETA que aún no han sido juzgados; no callaré en nombre de todos los que siempre creímos que con ETA no cabe negociación política alguna, que si se empieza a hablar con la banda terrorista de una sola de las reivindicaciones en cuyo nombre instauraron la primera víctima ya se ha traicionado a la democracia; no callaré en nombre de los que nos negábamos a creer que el PSOE pudiera caer tan bajo; no callaré en nombre de tantos compañeros y amigos que fueron asesinados por ETA mientras la banda hablaba con sus jefes de filas; no callaré en nombre de tantos hombres y mujeres buenos que vinieron desde pueblos remotos de España a recoger a sus hijos muertos, a sus maridos asesinados, a sus hermanos, a sus padres...; no callaré en nombre de todos esos nombres propios que no conocemos, de todas esas fotos de carné en blanco y negro que nos recuerdan cada día que hay asesinos vivos que aún no han sido juzgados, que aún no han pagado por sus crímenes.
No callaré porque un día creí en alguno de ellos, de los culpables de la traición; no callaré porque creí que me decían la verdad quienes siguen dirigiendo el Partido Socialista Obrero Español; no callaré porque me mintieron cuando pregunté si estaban negociando con ETA en el 2004, en el 2005, en el 2006...
No callaré porque nos engañaron a todos, porque siguieron negociando mientras los cuerpos de las víctimas aún estaban calientes; no callaré porque lo hicieron premeditada y alevosamente, porque fueron cobardes y mentirosos, porque nos faltaron al respeto. No callaré porque hemos de defender la democracia de sus enemigos y también de aquellos que no están dispuestos a protegerla.
Tampoco callaré ante el silencio estruendoso de quienes tienen más voz que yo pero prefieren callarse.
No callaré ante la hipocresía ni ante el cálculo partidista; no callaré para tener la fiesta en paz; no callaré si se empiezan a archivar expedientes, si se pone sordina, si se extiende el cloroformo, si deciden que por la paz un avemaría...
No callaré mientras haya un solo crimen de ETA sin juzgar, mientras una sola familia no haya podido hacer su duelo, no conozca el nombre de los asesinos de sus seres queridos, no haya sido recompensada por y con la justicia.
En España convivimos bien con la mentira; fíjense que nuestro particular Chamberlain y su estratega ni siquiera reconocieron que hubieran viajado a Múnich y a pesar de la mentira y de sus consecuencias millones de españoles siguieron votándoles.
Es desolador, lo sé; pero yo me niego a aceptar que no nos quede otro remedio que vivir en una sociedad que no se avergüenza de su indignidad colectiva; sé que existen millones de españoles esperando una señal para despertar de este letargo que les ha llevado a considerar la baja calidad de nuestra democracia más como una atmósfera que como un accidente, que diría Chesterton. Por eso, porque tengo fe en el ser humano, sigo escribiendo sobre estas cosas.
Por eso y porque hay 852 conciudadanos nuestros que ya no pueden hacerlo y que fueron asesinados para que otros pudiéramos seguir disfrutando de nuestra vida en compañía de nuestros seres queridos.
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