El refrán avisa de que para el perro flaco todo son pulgas; España es ahora un perro escuálido y todas las pulgas están de fiesta. Así el separatismo, ese estadio último del nacionalismo, emplea la crisis como oportuno combustible para su hoguera. Es un discurso simplón, narcisista y falaz y, por tanto, seductor: formar parte de España es una desgracia que nos hace sufrir una crisis que no merecemos (somos inocentes de la mala gestión propia); si fuéramos un Estado independiente superaríamos la crisis manteniendo nuestro elevado nivel de vida (pues no somos unos vagos subvencionados); ha llegado la hora de romper con España para recuperar nuestro dinero (que nos han robado para dárselo a los vagos). Eso es todo, y que Europa nos lo bendiga. Buena parte de la sociedad catalana recurre a este discurso tóxico para explicar todas sus tribulaciones efecto del mal gobierno propio, y este 11 de septiembre se ha manifestado en masa para hacerlo bien visible. Se trata de la secesión para conseguir privilegios, para decirlo claramente; justificarla invocando la defensa de la cultura, la identidad o la justicia intenta revestir de dignidad una ansiedad muy material. Es el prejuicio de que sin el famoso “déficit fiscal de Cataluña”, entendido como un robo, los catalanes podrían disfrutar de mayor bienestar sin pagar más impuestos, en una especie de actualización del milagro de los panes y los peces. Exactamente el mismo discurso que emplea ese populismo de los países europeos más ricos opuesto a cualquier clase de ayuda a sus socios comunitarios en dificultades, como los Verdaderos Finlandeses o el Partido de la Libertad holandés. Sólo la inmarcesible estupidez de la izquierda senil española sostiene que ese egoísmo ultranacionalista y eurofóbico sea fascismo en el norte de Europa y progresismo en Cataluña o el País Vasco. La única diferencia con los populistas nórdicos, aparente, es que el separatismo catalán reclama un Estado en Europa pretendiendo ignorar la dificultad de que entre en la Unión Europea un nuevo Estado surgido del desmembramiento de un Estado miembro, Caja de Pandora que el europeísmo democrático no puede admitir. Europa se ha construido con la renuncia al nacionalismo y la cesión de soberanía: mal encaje tendría un Estado nacionalista surgido de todo lo contrario. Se ha mentido a la sociedad catalana sobre este asunto, a fondo y adrede. Toda esta ansia de secesión se levanta sobre una montaña de mentiras: es falso que España robe a Cataluña, falso que la Comunidad Autónoma pague impuestos que sólo pagan ciudadanos y empresas, falso que el déficit de balanza fiscal tenga otra explicación que la transferencia de recursos de una región más desarrollada a otras que lo están menos, falso que Cataluña sea una nación salvo para el imaginario nacionalista, falso que una Cataluña eventualmente miembro de la Unión Europea se viera liberada de contribuir a los fondos comunitarios en proporción a su riqueza (irónicamente, el expolio de Cataluña continuaría igual o mayor, sólo que el dinero catalán pasaría por más manos antes de llegar de nuevo a Andalucía o Sicilia…) A diferencia del caso vasco, donde la violencia terrorista ha jugado un papel crucial, en el catalán el máximo mérito corresponde a la institucionalización de la mentira como discurso único. Pero la responsabilidad corresponde sobre todo a las fuerzas políticas tradicionales y a ciertas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional. Nadie puede reprochar al nacionalismo que lo sea, pero sí a partidos como PP, PSOE o IU su total incapacidad para hacer frente a un proyecto destructivo del Estado democrático español. Lo que han conseguido con su actitud obsecuente y servil es convertir al nacionalismo en el modo ordinario de hacer política en España, y los propios PSOE y PP se han convertido en confederaciones de partidos regionales sin un proyecto común. Si los responsables de sostener el orden constitucional se lo toman a beneficio de inventario, ¿qué tiene de raro que lo hagan los separatistas? ¿Vamos a pedir a Mas lo que no se pide a Rajoy y Rubalcaba? Cierta corriente de opinión insiste en desdramatizar la secesión y pedir, en todo caso, que sea ordenada. ¡Como si el asunto dependiera de las formas y no de los objetivos! La cuestión de principio es si la secesión de una parte de un Estado democrático es o no democrática. Puede parecerlo si el procedimiento es pacífico, pero se trata de una apariencia: aunque sea mejor, ya puestos, que una secesión no sea físicamente violenta, la ruptura unilateral de una comunidad democrática, y eso es la secesión de una parte, viola la Constitución y actúa contra la igualdad y libertad ciudadanas. Pues el problema de la secesión es que una parte decide unilateralmente en lo que afecta a todos. Es una imposición bajo el chantaje de una rebelión violenta: la parte a la que se le impone la secesión queda privada de su derecho a decidir, que el nacionalismo sólo reconoce para sí mismo, y los ciudadanos no secesionistas, atrapados en la parte separada, quedan privados de su ciudadanía original, o si se niegan son convertidos en extranjeros en su propio país u obligados al exilio. En ef ecto, si se celebrara un referéndum resolutorio de secesión en Cataluña y se ganara por un X% frente a un Y%, se privaría a los segundos de su ciudadanía española (y europea), y al resto de españoles se les impondría la ruptura de su sistema constitucional. Aunque sea pacífico nunca será democrático, como no lo es ningún retroceso institucional de la igualdad y de la libertad. Reivindicar el derecho de autodeterminación, pacífico o a bombazos, es semejante a defender el derecho a expulsar de un territorio a la minoría no nacionalista o impura: la limpieza étnica. Por eso no hay ninguna constitución democrática del mundo que recoja el derecho de autodeterminación dentro de su territorio. Las excepciones soviética y yugoslava no eran constituciones democráticas, y en Yugoslavia condujeron a sangrientas guerras civiles y limpiezas étnicas. Contra lo que pretende el nacionalismo la democracia no es la decisión de los pueblos –el derecho colectivo a decidir-, sino el disfrute de las libertades individuales mediante la igualdad ante la ley (isonomía) y de oportunidades que debe instaurar el Estado de derecho. Las igualdades y libertades son de las personas, no de los “pueblos” (salvo de modo retórico), y esa titularidad personal de los derechos es la que destruye cualquier proceso de secesión de la comunidad política democrática. En definitiva, ¿qué podemos hacer los demócratas de Cataluña, de toda España y de Europa para evitar un proceso de secesión que, aunque fuera pacífico, violaría los objetivos y reglas de la democracia? Creo que, en primer lugar, decir la verdad. La verdad axiológica de que dentro de un Estado democrático no hay derecho a la autodeterminación ni por tanto a la secesión. Y la verdad instrumental de que una Cataluña independiente que formara parte de la Unión Europea, lo que no sería nada fácil a medio plazo, tampoco gozaría de soberanía monetaria ni fiscal. Pues en una Europa obligada a la unión fiscal y presupuestaria para salvar el euro, no hay lugar para regímenes de Concierto Económico, ni vasco y navarro ni catalán; pronto lo veremos. De manera que la alternativa realmente secesionista sería volver a una Cataluña aislada, irredenta y solitaria, ajena a la Unión Europea y mal vista en sus países vecinos. Si se dijeran estas verdades y otras un número suficiente de veces el fervor secesionista que ha prendido en Cataluña perdería mucha virulencia. Y quizás conseguiríamos mejorar la calidad de nuestra democracia en lo que realmente importa, que no es en la satisfacción de pasiones nacionalistas y proyectos egoístas e ignorantes, sino en el progreso de la igualdad y la libertad de las personas en cualquier territorio donde vivan. Para empezar, el Gobierno de España, y si es necesario el Parlamento nacional, debe dar garantías a la opinión pública y a los demás Estados de la Unión de que el dinero del rescate pedido por las CCAA, comenzando por Cataluña, no podrá usarse para financiar procesos de secesión en ningún caso, para lo que se exigirá el cumplimiento de detalladas condiciones políticas a los beneficiarios. No es aceptable que el dinero español y europeo sirva para desestabilizar España y la Unión Europea volviendo a un mundo de nacionalismos egoístas y agresivos como los que desencadenaron dos guerras mundiales en un pasado muy reciente. Sería un avance hacia la política basada en decir la verdad. Otro, abrir de una vez un debate para un proceso constituyente de España del que surgiera un Estado federal igualitario, sin discriminación ni privilegios de sus CCAA, y con un Estado común fuerte y eficiente.
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