Apuesta por la normalización en Euskadi

Joseba Arregui en El Mundo.

Después de que durante tantos años el nacionalismo haya intentado vincular los términos pacificación y normalización en Euskadi, entendiendo que la normalización iba a ser consecuencia de la pacificación, y ésta consecuencia de la negociación política con ETA, el acuerdo firmado por el PSE y el PP para la investidura de Patxi López como próximo lehendakari significa sobre todo una cosa: normalización.
Con el acuerdo que hará posible esa investidura el próximo 5 de mayo, la sociedad y la política vascas dan un paso enorme en su propia normalización. Un paso que va en dirección opuesta a la que ha pretendido el nacionalismo en los últimos 10 años largos. Porque no va a ser producto de la pacificación, ni ésta lo va a ser de la negociación política con ETA.
Todo lo contrario: la sociedad vasca se convierte en una sociedad normal, que va a contar con una política normal porque los dos partidos -Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular- apuestan porque el Estado exista en el País Vasco, porque las reglas de juego sean válidas, porque el cumplimiento de las leyes sea lo normal en la comunidad autónoma, porque las normas fundamentales que nos constituyen como sociedad política -la Constitución y el Estatuto-, sean tenidas, consideradas y valoradas como tales.
Debiera llamar la atención el que la sociedad vasca haya tardado tantos años en alcanzar esta normalidad. Claro que ETA sigue existiendo, pero ahora los partidos que van a apoyar al Gobierno vasco consideran que la banda terrorista es una anormalidad democrática, y que, por lo tanto, hay que emplear todos los medios del Estado de Derecho para luchar contra esa anormalidad, y no a la inversa.
El nacionalismo ha recurrido a la frase de que el acuerdo entre socialistas y populares es un pacto antinatura. Pero lo antinatural, lo anormal es gobernar gracias a la Constitución española y el Estatuto de Guernica y dedicarse a deslegitimar el fundamento del poder que se ejerce. El nacionalismo ha pretendido que en Euskadi siguiera el estado de excepción, la anormalidad de poner en cuestión el fundamento del derecho a cobrar impuestos, el fundamento del derecho a perseguir a los criminales, el fundamento del derecho a imponer sanciones, a promulgar leyes, a ejercer simplemente el poder.
Los nacionalistas han gobernado estos últimos 10 años asumiendo que gobernaba gracias a unos fundamentos que podía poner en cuestión, entre paréntesis, que podía declararlos inservibles, inválidos y darlos por muertos. El nacionalismo vasco ha gobernado creando un vacío de legitimidad respecto al poder del que ha gozado.
El acuerdo alcanzado por el PSE y el PP pone punto final a ese teatro de deslegitimación del poder estatutario. La sociedad vasca pasa a ser una sociedad normal -es decir, una sociedad en la que se ejerce el poder, porque éste está legitimado democráticamente-, en la que se proclaman leyes que obligan a todos, porque existe un marco que lo legitima. Deja de ser una excepción a la norma, deja de ser una salvedad en la historia del Estado de Derecho.
El acuerdo del PSE y del PP no es ni más ni menos que eso, pero es todo eso. Es lo más importante, aunque tengamos que preguntarnos qué ha pasado en Euskadi para que se tenga que afirmar en un acuerdo de investidura que se reconoce la legitimidad de la Constitución y del Estatuto en la política vasca, aunque tengamos que preguntarnos por qué hasta ahora ningún partido de gobierno haya puesto por escrito que es necesaria la deslegitimación social y política del terrorismo de ETA.
En este sentido, nos encontramos como si iniciáramos de nuevo el camino estatutario, como si nos retrotrajéramos al año 1980, al inicio de la andadura estatutaria: legitimando y valorando todo lo que significa el pacto estatutario. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Y esta defensa, legitimación y valoración del pacto estatutario va estrechamente unida con la exigencia de deslegitimación política del terrorismo.
Después de 30 años, los partidos que van a apoyar la próxima semana la investidura de Patxi López se encuentran ante la necesidad de tener que subrayar que el futuro sólo se puede construir desde el respeto a la legalidad y a las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Después de tres décadas se ha hecho preciso afirmar solemnemente en un documento para la investidura que las políticas se deben llevar a cabo teniendo en cuenta los derechos universales de ciudadanía.
Desde estas afirmaciones que debieran haber constituido la columna vertebral de acción política de todos los gobiernos desde el inicio de la andadura estatutaria, se derivan las políticas concretas a las que apunta el acuerdo: compromiso de que la violencia terrorista no obtendrá nunca ventaja o rédito político alguno -y a algunos todavía nos retumba en los oídos la afirmación de líderes del PNV diciendo que ETA no se acabará mientras no se reconozca el derecho de autodeterminación y la territorialidad-.
En el mismo contexto se entiende la frase del acuerdo en la que se reclama respaldo y respeto a la actuación de la Justicia en el País Vasco, en garantía de las libertades de tod@s. Llama la atención la naturalidad con la que se recoge la negociación de la transferencia de medios para para las políticas activas de empleo, unificando un servicio hoy duplicado y ganando en capacidad de gestión y efectividad.
Esta frase es demostración de las posibilidades que se abren cuando se deja de hacer una lectura unilateral, exclusivamente nacionalista y no pactada del texto estatutario, contraviniendo su espíritu de pacto y de compromiso. Vale lo mismo para la voluntad manifestada de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para culminar las transferencias pendientes. El Estatuto se puede completar dejando de lado las interpretaciones nacionalistas contrarias al texto.
Es la voluntad de garantizar los derechos de los ciudadanos, por encima de cualquier otra consideración, lo que lleva a los firmantes del acuerdo a establecer la primacía de la voluntad o del derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza para sus hijos entre las dos lenguas oficiales de Euskadi: ambas podrán ser vehiculares en el sistema educativo vasco.
Dice el acuerdo: «Garantía de la libre elección de lengua vehicular por los padres en la enseñanza de sus hijos... Aprendizaje obligatorio en la enseñanza de la otra lengua oficial distinta a la lengua de opción del ciudadano... teniendo como objetivo alcanzar un bilingüismo integrador, para lo que se fomentará la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, su conocimiento y su uso, en el respeto a la libertad de elección de lengua de las familias...».
Al pluralismo lingüístico vasco no se le sirve dañando el derecho al trabajo de muchos ciudadanos vascos, sino poniendo los medios mínimos necesarios para que las administraciones públicas vascas puedan atender a los vascoparlantes que elijan esta lengua en su trato con ellas. Los que importan son los hablantes y no las lenguas en abstracto. De los derechos de éstos se trata, sin tener que construir la hipótesis imposible de una sociedad en la que todos los ciudadanos fueran bilingües perfectos.
Un lehendakari no nacionalista, un presidente del Parlamento vasco no nacionalista: la otra Euskadi también existe, y gobierna y representa legítimamente a la sociedad vasca. Son constitucionalistas, pero que no tratan de negar que exista nacionalismo en la sociedad vasca, porque se mantienen firmes en la defensa del Estatuto que nos constituye, en la defensa de la transversalidad constitutiva de la sociedad vasca reflejada allí donde importa, en el ordenamiento jurídico básico.
La lealtad a esa transversalidad permite que los gobiernos puedan ser nacionalistas, constitucionalistas o mezcla de ambos, porque lo fundamental, el respeto al pluralismo y a la complejidad está a salvo donde corresponde: en el Estatuto.