La traducción

La opinión de José Domingo



Un ayuntamiento de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, se ha negado a cumplimentar el requerimiento de un Juzgado para que tradujera al castellano la documentación que le remitió en catalán. La Magistrada y la secretaria del Juzgado no son originarios de territorios de habla catalana y desconocen este idioma. Este hecho ha desencadenado una polémica trascendental en la isla y pone de manifiesto, otra vez, el problema de la cooficialidad lingüística en los territorios bilingües.

Los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelven asuntos procedentes de todos los países de la Unión Europea y no tienen necesidad de conocer la totalidad de los idiomas que en ellos se hablan. Trabajan con un eficaz servicio de traducción, de manera que el órgano judicial no requiere a los países de origen que conviertan los documentos a un idioma comprensible por el Magistrado de turno; sin más, el propio Tribunal lo hace de oficio.

En cambio, en los territorios bilingües españoles, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la competencia sobre los recursos materiales y personales de la Administración de Justicia ponen un especial celo en que el servicio de traducción no exista o tenga un funcionamiento muy deficiente. Sin servicio de traductores se ahorran una importante partida económica y trasladan la responsabilidad a jueces y magistrados. La Ley Orgánica del Poder Judicial no obliga estos profesionales a conocer los idiomas autonómicos, si bien, sus conocimientos son valorados cono méritos en los concursos de traslado. Ello tiene su lógica, a la vista de que la movilidad judicial por toda España es muy frecuente y si se cambiase la normativa y los jueces tuvieran el deber conocer los idiomas cooficiales, en Cataluña, por ejemplo, los operadores judiciales tendrían que saber, además del castellano y del catalán, el aranés, puesto que este idioma es también oficial en Cataluña. En el fondo, la no potenciación de los servicios de traducción por parte de los Departamentos Autonómicos tiene como finalidad reservar para los jueces más próximos los puestos de trabajo. Parece como si los poderes autonómicos estuviesen interesados, fundamentalmente, en controlar el poder judicial y no la independencia. Para ello, los requisitos lingúísticos son un instrumento adecuado para seleccionar.

Hace pocos días, el Senado pagaba a traductores para dar satisfacción a los políticos que se expresaban en lenguas distintas al castellano. Me parece un exceso innecesario cuando hay una lengua de conocimiento común para todos los españoles. Esa forma de gastar nuestros dineros deja bien claro el orden de prioridades que marcan los programas de algunos responsables políticos. Por el contrario, a los jueces y magistrados se les hurta ese derecho por las Comunidades Autónomas cuando debieran estar especialmente interesadas en facilitarles las tareas. La nueva financiación autonómica dedica una partida a los procesos de normalización lingüística; sería conveniente que los Gobiernos autonómicos impulsasen eficaces y rápidos servicios de traducción que eviten el peregrinaje de los jueces a la búsqueda de un traductor en los pasillos del juzgado o demandarlo a la Administración afectada.