Ya llega, ya llega

Victoria Prego en El Mundo


En plena agitación de examen y cálculo sobre el modelo de financiación y su traducción en millones de euros para cada comunidad autónoma, el otro gran asunto que aún colea en este final de curso podría estar a punto de despejarse definitivamente. Hoy se reúnen en sesión plenaria los magistrados del Tribunal Constitucional para examinar la tercera, y esperemos que última, propuesta de sentencia -ya muy adelgazada en páginas porque se le ha quitado la mayoría de las citas de jurisprudencia- sobre la totalidad del Estatut, y hay que esperar que a partir de hoy se despeje la gran incógnita pendiente: cuándo se le va a dar por fin matarile al calvario jurídico y político en que se ha convertido esta sentencia de nunca acabar.

Lo que es seguro es que el esperadísimo fallo del TC no va a estar listo para cuando el presidente del Gobierno comparezca ante el Congreso, en torno al día 20 de julio. Por una cuestión estética más que nada: sería una chirigota que el Alto Tribunal hubiera estado esperando a que el Gobierno cerrara la negociación sobre financiación autonómica para presentarse inmediatamente después con la sentencia en bandeja como ofrenda a Zapatero. Eso no va a pasar, pero lo que sí es muy probable es que antes de que acabe julio sus señorías hayan por fin alcanzado un pacto.

La médula de las deliberaciones ha seguido invariable en su espíritu, de modo que se mantiene la información de que la sentencia va a dejar el Estatut en algo parecido al agua de borrajas porque, aunque en el fallo va a haber pocos preceptos declarados abiertamente inconstitucionales, habrá una enormidad de artículos que, a su paso por los fundamentos jurídicos, van a perder su virulencia.

En muchos casos -los más- y para no tener que declarar inconstitucionales un montón de preceptos, se va a hacer decir al Estatut lo que no dice o, al menos, lo que no quería decir, y se va a interpretar que el artículo equis dice algo que en realidad no se desprende de la letra del precepto ni tampoco se podría inferir de la voluntad expresada infinidad de veces por los redactores del Estatuto dentro y fuera del Parlament o de las Cortes Generales.

En otro puñado de casos, el artículo se va a convertir en inocuo porque a su redacción se le va a añadir la afirmación de que «este precepto no obliga al Estado»; con lo cual, ponga éste lo que ponga, resultará irrelevante.

Y en un tercer grupo de artículos se va a afirmar que el precepto es constitucional «siempre que se salven las competencias del Estado». Ésta es la repetición del famosísimo recurso en el que se refugiaron en 1979 los negociadores gubernamentales de los primeros estatutos vasco y catalán, que literalmente trufaron sus respectivos articulados con la coletilla «sin perjuicio de». Sin perjuicio de las competencias del Estado. Tres humildes palabritas que lograron, ellas solas, levantar una sólida empalizada de protección de la acción estatal en la gobernación de España. El Constitucional va a repetir ahora la fórmula.

Si las posiciones de los magistrados no dan mañana en el Pleno un vuelco inesperado, esto es lo que va a suceder con todas y cada una de las materias importantes del Estatut, porque éstos son los criterios que en esta tercera propuesta de sentencia - que en eso no varía en nada respecto de la anterior- se van a aplicar sistemáticamente a su articulado.

Pero hay excepciones. Hay casos en que el precepto ha salido tan tozudo y tan imposible de interpretar o de retorcer que sus señorías no han tenido más salida que llevarlo al fallo y declararlo directamente inconstitucional.

Van al fallo, por ejemplo, los artículos 90 y 91 sobre las veguerías, que hacían desaparecer las provincias y privaban de competencias a las diputaciones. La explicación del intento de cambiar provincias por veguerías es que la regulación de los recursos asignados a las provincias y sus entes locales corresponde al Estado en exclusiva.

Si las provincias desaparecieran en Cataluña, desaparecería también el control organizativo y presupuestario del Estado sobre todo el territorio catalán, que pasaría a estar bajo el control de la Generalitat. Eso es lo que quería el Estatut, y eso precisamente va a ser declarado inconstitucional sin paliativos.

Va también al fallo la creación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña con las competencias que el Estatuto le otorga y, en general, todo el capítulo relativo a la Justicia.

Va al fallo, por inconstitucional, la pretensión de que el Parlament establezca los tributos locales, algo que corresponde al Estado.

En materia de financiación hay, sin embargo, muy pocas cosas más que se declaran inconstitucionales. Habrá que ver cómo interpreta el tribunal esa parte del Estatuto.

Nada de lo relativo a la lengua va al fallo. No iba en el segundo borrador y tampoco va en el tercero. También en este caso habrá que leer atentamente los fundamentos jurídicos para ver si el Constitucional hace, o no, una traducción del articulado que lo prive parcialmente de su fuerza.

El truco que esconde esta sentencia es evidente: consiste en decir sí en apariencia a lo que está diciendo no en realidad. De modo que tiene algo de timo, un timo que, sin embargo, podría permitir a los políticos catalanes vender como un éxito lo que previsiblemente acabe siendo todo un varapalo.

La sentencia tiene otra pega, y es que va a crear un campo inmenso de inseguridad jurídica. Las sentencias están para resolver conflictos, pero ésta va a multiplicarlos porque no deja las cosas claras. Como no expulsa ningún artículo del ordenamiento jurídico, sino que los deja todos dentro, permitirá que el Estatut se siga aplicando entero, lo cual va a generar recursos a go-gó. Seguro.

Por lo que se refiere a la posición de los 10 magistrados que han de emitir su voto -nueve más la presidenta-, algunos de los más renuentes asumen ya que, interpretado de esta manera, el Estatut deja de representar un peligro para el Estado, así que no se oponen. Por eso la relación de votos está a punto de llegar al 6-4 a favor de la sentencia tal y como está en la última propuesta. Y, apurando las cosas, incluso podría alcanzar el 7-3. Pero si ahora se produjera un vuelco que nadie quiere y se retrocediera hasta el empate del 5-5 -una proporción que convertiría la sentencia en un escándalo-, la presidenta del Constitucional prolongaría los debates hasta más allá de agosto para evitar que fuera su voto de calidad el que decidiera el fallo. Y tendría razón, porque no sería de recibo que, después de tres largos años, un asunto de esta envergadura acabara sustanciándose por los pelos.

María Emilia Casas ha invitado a todos los magistrados el día 29 a una copa de fin de curso. ¿Será verdad que sus señorías se van a ir de vacaciones con los deberes terminados? Cuando acabe el Pleno de hoy podremos aventurar fechas.