Los nuevos charnegos.

Carta de un lector de El Periódico de Catalunya.




IGNACIO JOVÉ | Barcelona

En Cataluña la ley establece que “la rotulación exterior de los comercios y la información de carácter fijo deben figurar, al menos, en catalán”. También habilita a cualquier “ciudadano” a denunciar a quien, incumpliendo esta norma “infrinja los derechos de los consumidores”. Nada que objetar jurídicamente (la convivencia sería otro tema…) si esta obligación incluyera a la otra lengua cooficial, pero no es así.

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La Generalitat, que utiliza como lengua vehicular únicamente el catalán (la “propia”), considera que el uso y regulación del castellano (la “otra”), es cosa del Estado. Pero éste no puede actuar porque las competencias están transferidas. El objetivo último de esta política, que abarca la educación, la cultura y los medios de comunicación, es dar “una imagen socio-lingüística adecuada del país”, según rezan folletos institucionales. Por supuesto si alguien quiere que se le traduzca una comunicación oficial puede “solicitarlo expresamente”. O si quiere rotular también en castellano (o en chino, o en urdu) nadie se lo impide pero le costará más caro que hacerlo sólo en catalán.

Estos esfuerzos adicionales son la gota malaya con la que se intenta disuadir a los afectados de que ejerzan sus derechos, hasta conseguir relegar el castellano al ámbito estrictamente privado. No soy españolista ni pepero. Dudo que el castellano en Cataluña esté en peligro y en la calle no existe, de momento, el conflicto que algunas derechas denuncian, ya que la mayoría utilizamos las dos lenguas sin problema. Pero combatir un nacionalismo (el “malo”, el “de fuera”) con otro (el “bueno”, el “nuestro”), genera tantos votos como crispación, según evidencian las apariciones televisivas del señor Carod. El mismo que (con razón) exige los papeles de Salamanca o que le llamen por su nombre, utiliza términos como “Castella-Lleó” o “Estat Espanyol”, y ve natural que en TV3 se hable de “Països Catalans” o de la “Catalunya Nord” cuando informan desde Perpignan.

Lo preocupante es que cada vez son más los “ciudadanos” que asumen como verdadera esta realidad inventada. Patriotas ocupados denunciando comercios o cantando los goles del Barça, que desvían su atención de la pérdida de peso económico, el déficit de infraestructuras o las comisiones ilegales de sus políticos, mientras éstos legislan para restringir de facto los derechos de aquellos que no dan “la imagen adecuada”, los nuevos charnegos. Revanchismo, en vez de normalización. España no se rompe pero las costuras de Catalunya están cada vez más tensas.