Francesc de Carreras en La Vanguardia.
La participación en España ha sido del 46%, un poco más alta que en las pasadas europeas y tres puntos por encima de la media continental. En Catalunya, en cambio, la participación ha sido mucho menor, sólo el 37,5% de los ciudadanos ha ido a votar: casi ocho puntos menos. Esta cifra se sitúa en la banda baja europea, aquella en la que figuran países sin tradición ni democrática ni europeísta.
Del conjunto de comunidades autónomas, sólo en Baleares se ha votado algo menos que en Catalunya. Además, 57.000 catalanes depositaron su papeleta en blanco, lo que resulta ser el 3% del censo, cinco veces más que en las europeas anteriores, un porcentaje también mucho más alto que en el resto de España. Si la abstención significa desidia, el voto en blanco es una forma consciente y explícita de censura a los partidos. Sumadas abstención y voto en blanco, sólo el 34,5% de los catalanes fueron a las urnas el pasado domingo. Aquí pasa algo.
Esta bajísima participación en Catalunya no debería, sin embargo, sorprendernos. A excepción de las elecciones generales, viene de lejos. Se trata de una tendencia consolidada desde siempre en las elecciones autonómicas, creciente en las municipales y claramente visible en el referéndum del nuevo Estatut, según sus partidarios aquel clamor reivindicativo del pueblo catalán que, en el momento de la verdad, produjo la abstención de más de la mitad de los catalanes, a los que hubo que añadir 137.000 votos en blanco y que fue aprobado tan sólo por el 35,7% del censo electoral.
Los diputados en el Parlament de Catalunya aprobaron el proyecto de Estatut con un 90% de votos favorables, al final el ciudadano los ratificó en las urnas con este exiguo 35,7%. La brecha entre el ciudadano y nuestros políticos se hizo ya entonces evidente y se ha ido acentuando después. Lo viene a ratificar el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que el viernes pasado hizo público el índice de satisfacción política en Catalunya, llegando a la conclusión de que un 86,8% de los catalanes están políticamente insatisfechos. Todo cuadra.
Todo cuadra menos la despreocupación de los políticos por estos datos. Los dirigentes socialistas –el PSC ha tenido un millón de votos menos que en las generales de hace un año y 200.000 menos que en las anteriores europeas– se apresuraron la misma noche electoral a sacarse las responsabilidades de encima: Miquel Iceta dijo que le "extrañaba" mucho la abstención dada la tradición europeísta de Catalunya y del catalanismo, Montilla insinuó que la culpa era de Zapatero porque no se había llegado a un acuerdo en financiación.
Anteayer, el portavoz del Gobierno catalán, señor Ausàs, fue rotundo: "Los incumplimientos de las leyes no ayudan a la participación y contribuyen a la desafección política". Al ser requerido sobre cuáles eran estos incumplimientos no dudó en señalar directamente: el retraso en el nuevo sistema de financiación y en el despliegue del Estatut. La culpa, ya lo sabemos, siempre la tiene Madrid.
¿Realmente creen estos personajes lo que dicen? ¿Por qué no se miran en un espejo? Lo siento, pero no me puedo creer que piensen lo que dicen. Saben perfectamente lo mal que lo están haciendo. Lo leen cada día en las páginas de los periódicos. Al no admitir responsabilidades simplemente está disimulando su inutilidad.
Los ciudadanos catalanes se enteran por la prensa de que el cuarto cinturón de Barcelona no se construye porque lo impiden desde hace diez años los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Ahí no hay falta de recursos porque esta autovía la paga el Estado. Los ciudadanos también saben que la conexión eléctrica con Francia tampoco se lleva a cabo –y cualquier día volverá a producirse un gran parón– porque también se opone la Generalitat. Y también la paga el Estado.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona impidieron hace diez años que el viejo edificio del Born se convirtiera en una gran biblioteca pública, también financiada por el Estado, porque debía convertirse en un gran mausoleo histórico donde se veneraran los destrozos que causó Felipe V al dejar a Catalunya sin libertades tras derrotarla el 11 de septiembre de 1714. Esta falacia histórica la mantienen nuestras reaccionarias izquierdas oficiales.
Pues bien, en estos momentos, no tenemos ni nueva biblioteca, ni mausoleo. Nada se construye, el edificio del Born se deteriora. Inutilidad total.
Todo esto, y mucho más, es lo que saben los ciudadanos y si no lo saben se lo imaginan. Por eso no van a votar. Y también saben los ciudadanos, por ejemplo, que el señor Carod se desplazó a Ecuador para entregar un millón de euros para la protección de las lenguas indígenas de aquel país en un viaje de tres días que costó 43.666 euros al erario catalán, que esto no lo paga Madrid. Todo esto, y mucho más, es lo que saben los ciudadanos y si no lo saben se lo imaginan. Por eso no van a votar. No por la financiación y el Estatut.
Menos mal que la conselleria que dirige el señor Joan Saura tiene asignados en el presupuesto de este año 18 millones de euros –tres más que el año pasado– para fomentar la participación de los ciudadanos en la vida pública. ¡Menos mal! ¡Qué éxito! Si no fuera por estos millones nadie habría ido a votar.
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